Inició 2022 con una renovada guerra en contra del Instituto Nacional Electoral (INE). Ahora ya no se muestra el más mínimo pudor por parte de las autoridades gubernamentales, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, en su afán por desacreditar y debilitar al INE. El tema de la Revocación de Mandato es ya un simple pretexto en la búsqueda de atacar a las autoridades electorales e incluso invadir sus espacios de autonomía, al tratar de definir cómo debiera ajustar su presupuesto. Destruir al INE se ha convertido en una política de Estado de la que no se entiende cuál sería el propósito final.

Hoy más que nunca, se antoja de los actores el ejercicio de los oficios políticos para establecer mecanismos de diálogo a los que el gobierno se ha negado. Desde el año pasado, la comunicación entre la representación gubernamental y el INE se ha dado en términos de agresiones, sin escuchar razones y privilegiando la descalificación. Así ocurrió cuando Lorenzo Córdova acudió a la Cámara de Diputados para explicar las razones por las que se solicitaban los recursos para realizar adecuadamente la Revocación de Mandato. Ahora, el ánimo por el descrédito se basa en un conjunto de mentiras y campañas de comunicación orquestadas desde las «mañaneras» en Palacio Nacional.

Un ejemplo es la burda comparación que hizo el Presidente López Obrador entre los presupuestos del INE y el de las autoridades electorales de otros países de América Latina. El problema es que el INE, por cómo se conformó desde 1990 y las funciones que se la han otorgado, se encarga de funciones costosas que ninguna otra autoridad electoral realiza. Tal es el caso, por ejemplo, de la emisión de la credencial para votar con fotografía, la administración de los tiempos del Estado para los partidos políticos o el monitoreo de medios que debe realizar, permanentemente, de toda transmisión de radio y televisión que se emita en todo el país. Además, comúnmente, se suma al presupuesto del INE el dinero que, por ley, se destina a las prerrogativas de los partidos políticos. Un diálogo democrático buscaría entender razones y encontrar soluciones al costo de la democracia mexicana. Pero en la guerra contra las autoridades electorales lo que prevalece es la mentira y los ataques personales.

La fortaleza del INE radica en su historia, su experiencia acumulada y en su desempeño cotidiano. En el conjunto de ataques al INE, los argumentos se refieren a los presuntos privilegios de los altos niveles de mando en el Instituto, los supuestos derroches y las actividades de algunos consejeros electorales. Sin embargo, no parece haber críticas a la forma como el INE atiende a la ciudadanía para otorgarle su “INE”, o las tareas que realiza para organizar las elecciones, capacitar a los funcionarios de casilla, preparar la documentación electoral o difundir oportunamente los resultados electorales. Por eso ha sido posible la alternancia en todos los niveles de gobierno, conforme expresa su voto la ciudadanía. Además, por si fuera poco, en caso de que el INE se equivocara en su interpretación de la ley electoral, el Tribunal Electoral tiene la autoridad para corregir al Consejo General del INE.

El problema de tratar de doblegar al INE es que habría que plantearnos una pregunta: sin el INE, ¿quién llevará a cabo, con imparcialidad e independencia, todas las actividades que día a día realizan los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y el conjunto de trabajadores del Instituto? En el fondo, el verdadero problema radica en decidir si se busca fortalecer la democracia o retornar a un sistema a modo para que un solo partido se haga del poder.

Por ello, no extraña que, ante los ataques, crece el llamado para defender al INE. No se trata de proteger a los consejeros (que siguen demandados penalmente por este gobierno), se trata de defender la democracia mexicana.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)