El primer mes de 2023 mostró la intensidad de la vida política que caracterizará a este año. En materia electoral, los debates ya iniciaron. Los actos anticipados de promoción de las llamadas “corcholatas”, junto con la reforma electoral y las elecciones para gobernador de Coahuila y del Estado de México, hacen pensar que el quinto año de gobierno será de campañas. Con el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se desataron los procesos que definirán las leyes y las características que tendrán en adelante las elecciones en México. En febrero, no solo se aprobarán las versiones finales de las leyes que conformaron el llamado Plan B, sino que también iniciará el proceso para designar la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y las tres consejerías que quedarán vacantes el próximo 3 de abril.

En todo caso, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobará la minuta devuelta por el Senado de la República y la oposición cuestionará su constitucionalidad ante la Suprema Corte. Muchas de las normas aprobadas generarán un fuerte debate, cuando falta menos de un año para que dé comienzo el proceso electoral de 2024. A estas alturas, la única forma de detener completamente la reforma radica en que la Corte inválide los cambios legales, con base en los errores de procedimiento cometidos por la Cámara de Diputados al aprobar la propuesta presidencial. De no hacerlo así, el debate radicará en el veredicto que emitan los ministros sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas. Ese será uno de los primeros retos que enfrentará la nueva Ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

Con todo, el tiempo empieza a ser un factor importante para poner en marcha el Plan B o lo que determine la Corte. La prisa consiste no solo en la certeza que se requiere para la organización electoral, sino también en los preparativos que habrá que instrumentar durante este año. Por lo que toca a la autonomía del INE, el debate ya inició, pues se percibe la intención de incidir en la elección, por lo que cada acto de la autoridad electoral será observado y cuestionado, si no se apega a la independencia con la que el INE nos tiene acostumbrados en la toma de sus decisiones.

Pero las dificultades que provocará el Plan B son mayores. La magnitud de los cambios estructurales que se plantean para el INE y para las autoridades electorales estatales implican un trabajo de reingeniería muy complejo. No se trata solamente de compactar oficinas y reorganizar su personal. Es necesario rediseñar los procesos y definir cada una de las tareas que antes realizaban los mil 800 trabajadores del INE, quienes serán despedidos en cuanto proceda definitivamente la reforma. No son actividades exclusivamente vinculadas con la organización de la elección, se trata de las tareas permanentes que realiza el instituto y que son necesarias para su buen desempeño. Recuérdese que la reforma elimina las juntas de profesionales que actualmente tiene el INE en cada distrito electoral y que realizan tareas que incluyen la emisión de la credencial, la planeación del proceso electoral, la redistritación, el diseño de los documentos y materiales electorales y todas las actividades de educación cívica, entre otras.

Por su parte, el propio Consejo General del INE tendrá tareas muy complejas. Por principio, tendrá que nombrar a una nueva Secretaría Ejecutiva y a todos los directores ejecutivos. Se trata de nuevos funcionarios que serán responsables de organizar la elección federal de 2024 y que llegarán para apenas estar en tiempo para apoyar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Todo esto ocurrirá con lo poco que quede del Servicio Profesional Electoral, que habrá sido recortado en un 80 por ciento. La marcha del Plan B implica un alto riesgo para la calidad de las próximas elecciones. El reto es muy grande.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)