Expediente Abierto
► Economía Regional ♦ Opinión
A inicios de 2025, el Gobierno Federal lanzó el Plan México, un proyecto ambicioso que, de ejecutarse adecuadamente, podría contribuir a una mejor distribución de la actividad económica y al fortalecimiento de las capacidades productivas en todo el país. Desde una perspectiva de política industrial, el plan propone la creación de corredores económicos y polos de desarrollo enfocados en sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial, aeronáutico y de semiconductores. Sin embargo, la realidad productiva del territorio nacional revela profundas desigualdades que no pueden ignorarse.
México presenta patrones claros de especialización regional. El Bajío y el Norte del país concentran una sólida base manufacturera, particularmente en torno a la industria automotriz, cuya extensa cadena de suministro ha impulsado el desarrollo de ciudades como Aguascalientes, Querétaro, León, Saltillo y Monterrey. Estas regiones cuentan, además, con infraestructura clave, como carreteras, parques industriales y una red de distribución logística que facilita la integración al comercio nacional e internacional.
En contraste, el Sur-Sureste parte de una posición claramente desventajosa. Por ello, antes de que las entidades federativas compitan por atraer inversiones, es necesario reconocer que no todas cuentan con las mismas condiciones iniciales. En muchas zonas persisten carencias en servicios básicos, vivienda, salud, educación y mano de obra especializada. En este contexto, no basta con construir infraestructura productiva: se requiere una estrategia integral que garantice que los corredores y polos de desarrollo sean realmente funcionales y que permitan avanzar hacia el anhelado desarrollo en la región más vulnerable de México.
El riesgo es evidente: iniciar proyectos industriales sin que las empresas se instalen, ya sea por falta de condiciones urbanas adecuadas o por problemas de inseguridad, no solo frustraría el objetivo de equilibrar el desarrollo regional, sino que también podría derivar en obras costosas subutilizadas o incluso abandonadas, con un alto costo financiero, social y ambiental.
El Plan México representa una oportunidad histórica para reducir las brechas entre el Norte-Centro y el Sur-Sureste del país. No obstante, permitir que la competencia entre estados o las decisiones empresariales definan el rumbo del desarrollo podría profundizar las desigualdades existentes. Tal vez sea preferible avanzar con menos polos y corredores, pero mejor planeados y acompañados de una política social y territorial sólida. Apostar primero por las regiones más vulnerables no es solo una cuestión de justicia, sino también de viabilidad a largo plazo.