Durante abril y mayo, se supone que los mexicanos estaremos atentos a las campañas que realizarán todas las personas que aspiran a formar parte del Poder Judicial, pues el 1 de junio todos iremos a las urnas a emitir nuestros votos. El tema debería estar muy presente en la opinión pública, ya que se trata de elegir a los integrantes de uno de los tres Poderes de la Unión. El problema es que, difícilmente, el electorado sabe qué se va a elegir y quiénes son las candidaturas a cada puesto, cuando estamos a menos de dos meses de la elección.

Más allá de los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral (INE), las cosas, empezando por la ley, se hicieron mal y las características que tienen las campañas son un ejemplo más de ello. La gran diferencia con una campaña normal es que la participación de los partidos constituye una guía primaria para que el electorado oriente su voto. Uno puede confiar en el candidato, aunque lo desconozca, por su pertenencia a un partido o una coalición. En este caso no participan los partidos, al menos formalmente, y los aspirantes están realizando una campaña personalizada, buscando que, al menos, conozcamos sus nombres. Ello, independientemente de que la ciudadanía esté enterada, por ejemplo, de lo que significa integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, cuáles serán sus funciones, qué atributos deberían tener quienes serán electos y de dónde salieron las candidaturas.

Las campañas son diferentes porque se trata de 881 cargos, solo a nivel federal, con tres mil 681 candidaturas. Un elector informado debería conocer a una buena cantidad de ellos para emitir su voto. Además, las candidaturas no contarán con tiempos en radio y televisión para darse a conocer, no dispondrán de recursos públicos o privados. Solo usarán recursos propios y podrán gastar hasta 220 mil 236.20 pesos. Por eso, se supone que las campañas se están desarrollando en las redes sociales personales de cada candidatura, no importa si se trata de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de alguien que busca ser Juez de distrito.

El problema con este tipo de campañas es que entrañan un alto nivel de inequidad. Aquellas candidaturas que ya utilizan, por una razón u otra, las redes sociales, tienen una ventaja evidente sobre los primerizos en esas formas de comunicación. Lo mismo ocurre con personalidades que ya tienen un posicionamiento público y fácilmente derrotarán a quienes solo se han dedicado por muchos años a hacer su trabajo dentro del Poder Judicial.

Por lo demás, uno se imagina que las campañas serán muy similares. Todas las candidaturas deberán ofrecer lo mismo: justicia pronta y expedita, imparcialidad, defensa del Estado de derecho, estricto apego a la ley, una interpretación seria de la Constitución, etcétera. ¿Qué más se puede ofrecer? No se trata de prometer mejores políticas ni beneficios a uno u otro sector de la sociedad. El trabajo de todos es aplicar la ley. Quizá haya que valorar la experiencia que cada candidatura ya tiene o las calificaciones que obtuvieron en sus estudios. ¿Vamos a conocer todos esos detalles para definir nuestro voto?

Sumado a lo anterior, en al menos 18 entidades federativas se sumará la elección del Poder Judicial de la entidad, con más cargos y nombres que el electorado tendrá que conocer. En la Ciudad de México, por ejemplo, a las seis boletas que recibiremos para la elección del Poder Judicial federal se sumarán al menos dos boletas para las autoridades locales.

Con todo, quien quiera estar informado y tenga acceso a Internet y a las redes sociales, podrá seguir las campañas, además de lo que los medios reporten, así como los debates y foros que se organicen. Como ocurrió en los procesos de consulta realizados en la administración anterior, la participación ciudadana será un indicador del verdadero interés social que prevalece por elegir al Poder Judicial.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)