Expediente Abierto

►Minería

Explotación del litio, ¿beneficio para los municipios?

 

En al menos 58 localidades del país podría existir este mineral, uno de los más codiciados del planeta. ¿Tendrá beneficios económicos para las regiones donde se explote?

 

►Por Martha Palma Montes
FOTO: DREAMSTIME

El 20 de abril de 2022, se expidió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, el cual declara de utilidad pública al litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia, y señala que serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en donde haya yacimientos de litio.

Asimismo, el Artículo 10 del Decreto establece que: «La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables».

En consecuencia, el 23 de agosto del mismo año, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se creó el organismo público descentralizado denominado Litio para México (LitioMx), encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del metal, así como la administración y control de las cadenas de valor económico.

Posteriormente, en febrero de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró zona de reserva minera de litio a 234 mil 855 hectáreas ubicadas en los municipios sonorenses de Arivechi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico, Sahuaripa y Bacadéhuachi.

 

Aleida Azamar Alonso.

FOTO: CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTAROFOTO: CORTESÍA DE ALEJANDRO JUÁREZ GALLARDO/FOTÓGRAFO.

YACIMIENTOS DE LITIO EN MÉXICO

El municipio de Bacadéhuachi, Sonora, posee el único yacimiento probado de litio, donde la empresa Bacanora Lithium, antes Bacanora Minerals, ha explorado los últimos 10 años.

A la fecha, no existe una concentración a la que se le pueda llamar yacimiento o depósito de litio en ningún otro estado o municipio del país. Sin embargo, el Servicio Geológico Mexicano explora activamente diversos contextos y entornos geológicos en donde podrían existir eventuales concentraciones de litio.

En ese sentido, 58 municipios en 18 entidades tienen manifestaciones o posibilidades de que exista la presencia de litio, según reportan los mapas geológicos y cartografía.

Sonora lidera la lista con 12 municipios, seguido de Puebla, con ocho; Oaxaca, seis; Durango, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, tres, respectivamente; Nuevo León y Tamaulipas, dos; Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Veracruz, con un municipio, respectivamente.

Una vez concluido el correspondiente estudio de las características geológicas en estos municipios, será posible definir las áreas susceptibles de contener litio en calidad y cantidad suficientes para ser consideradas económicamente viables.

A CONSIDERAR

Además de la empresa china Bacanora Lithium, las canadienses Organimax Nutient Corp y One World Lithium cuentan con concesiones para proyectos de extracción en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Baja California.

“La nacionalización del litio es ambigua, porque las empresas concesionadas aún pueden ejercer sus derechos previamente otorgados, y vemos que los beneficios para los municipios con proyectos vigentes son casi nulos”, explica Aleida Azamar Alonso, Coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En ese sentido, recomienda a las comunidades formar cooperativas para que se asocien a las compañías mineras y aprovechar las primeras etapas de exploración y explotación de litio, a fin de acceder a fuentes de empleo.

“Debemos pensar si realmente necesitamos el litio como se nos ha manejado, porque el producto final se irá a otros países. ¿Vamos a extraer litio para participar en qué parte de la producción de las baterías? Yo no lo veo claro porque no tenemos experiencia ni recursos”, advierte la académica.

Agrega que la actividad minera puede ocasionar más riesgos ambientales que beneficios económicos locales, porque modifica un territorio y con ello, afecta la flora, la fauna; e incluso, provoca un estrés hídrico y contaminación por residuos.

Igualmente, la población es expulsada al expandirse los proyectos mineros, y reubicada en viviendas en comodato. Lo que modifica costumbres, tradiciones y hasta la gastronomía local.

Para mitigar los impactos negativos de las concesiones, en primera instancia, debe consultarse a los habitantes si están de acuerdo o no con el proyecto; aumentar el costo de la concesión que actualmente es de 120 pesos por hectárea, y separarla del derecho a la explotación del agua, recomienda Azamar Alonso.