Si algo puede caracterizar el entorno político que vivimos es la incertidumbre en múltiples áreas. Sin duda, el equipo Morena-Sheinbaum-AMLO tiene el control político de la mayor parte de las decisiones que buscan imponer en el inicio del gobierno, pero las crecientes dificultades generan un ánimo de duda sobre cómo se definirán importantes procesos para el futuro del sexenio.

Por lo pronto, en este mes se cumplen los plazos establecidos por el Presidente Donald Trump para la aplicación de aranceles a todos los productos mexicanos, en especial al aluminio y el acero. Las consecuencias de que el Presidente de Estados Unidos cumpliera sus amenazas han sido motivo de todo tipo de análisis, pero lo único cierto es que no es fácil prever qué es lo que en realidad ocurrirá y a cambio de qué políticas o decisiones se podrían suspender dichas amenazas. En la negociación siguen presentes los temas fundamentales del Presidente Trump: detener la migración ilegal; detener el tráfico de fentanilo y otras drogas a territorio norteamericano, y establecer nuevas reglas del comercio internacional para beneficiar a las empresas de Estados Unidos.

El problema consiste en que los temas de la agenda dependen de una valoración subjetiva por parte del nuevo mandatario. Aun si se logra brincar los primeros ataques, es evidente que, como está ocurriendo en gobiernos de tinte populista, las decisiones no necesariamente obedezcan a una racionalidad programática, sino a un pragmatismo que tiene por objeto atender a una parte del electorado para mantener a los equipos de gobierno actuales en el poder. En ese entorno, la democracia y la política internacional tradicional no son prioridad.

En el caso de la política interior, el tema preocupante es la elección de las personas integrantes del Poder Judicial. Ninguna de las etapas de la organización de esta elección extraordinaria se ha escapado de conflictos y polémicas de fondo. Lo menos que se puede decir es que se trata de la elección más enredada, desde que se creó el Instituto Federal Electoral, en 1991. Lo inédito de este tipo de elección, la falta de sensibilidad para otorgar el presupuesto necesario al Instituto Nacional Electoral (INE), la conflictividad jurídica entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral, los jueces que actuaron en defensa de sus derechos laborales, el Senado y las decisiones del propio INE, provocan que, a menos de tres meses de la elección, no haya claridad sobre cómo se realizarán los comicios.

Lo cierto es que se elegirá a uno de los tres poderes de la Unión, con grandes deficiencias: la muy dudosa selección de los candidatos; la instalación de menos de la mitad de las casillas que se requieren, de acuerdo con la ley; no podrán votar los mexicanos residentes en el extranjero, cuando este ya era un derecho ganado; lo mismo ocurre con las personas en situación de prisión preventiva, quienes constituyen el sector más interesado, pues se elegirá a quienes los van a juzgar; y por si fuera poco, los procedimientos en la casilla se modificaron sustancialmente en contra de la certeza electoral. Entre otras cosas, a diferencia de cualquier elección anterior, no se inutilizarán, una por una, las boletas sobrantes en la noche de la elección, para evitar cualquier sospecha de fraude.

Al momento de escribir estas líneas, no se percibe una solución clara ni cómo el gobierno de Sheinbaum enfrentará a la administración Trump, tampoco cómo finalmente se desarrollará la elección del Poder Judicial. La manera en que estos temas se resuelvan en las próximas semanas, definirá el alcance de los proyectos del gobierno, pero, en todo caso, el problema de la migración, del tráfico de fentanilo y de la inseguridad no parece que encuentren una pronta solución. Seguimos en la incertidumbre.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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