No dejan de surgir lecciones tras la elección judicial del pasado 1 de junio. La estrategia seguida por el oficialismo para distribuir los acordeones los días previos a la jornada electoral es, en sí misma, cuestionable, dado que, evidentemente, buscaba inducir el voto fuera de los marcos legales. Incluso, el Instituto Nacional Electoral (INE) debió emitir medidas cautelares para limitar su uso. Sin embargo, de poco valió ese esfuerzo.

Lo realmente sorpresivo es que todos los nombres incluidos en los acordeones oficiales resultaron electos —al menos en las principales posiciones—. Lo menos que puede concluirse es que, en una elección tan compleja, que requería de un estudio y preparación sofisticados por parte de la ciudadanía, los resultados fueron diseñados previamente a la jornada, en un supuesto ejercicio democrático.

Esta es una lección importante para la oposición partidista y para cualquier demócrata en México. El hecho de que estas prácticas persistan y se consideren válidas para elegir a integrantes de uno de los tres Poderes de la Unión socava cualquier intento de fortalecer la democracia y muestra signos evidentes de la pérdida de la división de poderes. Desde un punto de vista técnico y operativo, seguramente vendrán reformas que busquen perfeccionar los procedimientos electorales de cara a 2027. Sin embargo, el cúmulo de irregularidades que tuvieron lugar desde el inicio del proceso electoral hace necesario tomar con seriedad las conclusiones a las que llega el informe preliminar presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su misión de observación. Tal fue la gravedad de sus observaciones que, como mínimo, propusieron que este tipo de elecciones no se replique en otros países de la región.

La siguiente lección de la elección tiene dos caras. Para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el proceso fue todo un éxito: México, según su narrativa, se ha convertido en el país más democrático del mundo por elegir al Poder Judicial, aunque la participación ciudadana haya sido de apenas el 13 por ciento. El problema es que el oficialismo considere como exitosa la jornada del 1 de junio —una elección de acordeones—, porque bajo esa concepción podrían replicarse comicios con escasa infraestructura, pocas casillas, limitando el voto a mexicanos en el extranjero y a personas en condición de prisión preventiva, con cómputos que ya no realizarán nuestros vecinos y sin un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que otorgue certeza a los resultados.

Por otro lado, la participación de solo el 13 por ciento de 100 millones de posibles votantes manda una seria lección por parte de la ciudadanía. Esta optó por no participar, debido a la forma en que se diseñó la elección desde el Poder Legislativo; a la escasa cantidad de recursos asignados por la Cámara de Diputados al INE; al breve tiempo destinado para organizar una elección inédita; a la poca o nula información disponible para los ciudadanos; y al uso de acordeones que prefiguraron los resultados. No se trata de una lección poco importante. En un extremo, bajo estas condiciones, las elecciones pierden sentido y se abre la puerta a una transición no pacífica de los poderes. Es un mensaje que debería activar las alertas para que la próxima reforma electoral se diseñe con cuidado, integrando la opinión de todas las fuerzas políticas del país y de la sociedad civil.

No se percibe, sin embargo, en el oficialismo el menor intento de reconocer o corregir los errores cometidos. Al contrario, el ánimo es de festejo y se avanza a una mayor concentración del poder. Por ello, la oposición y la sociedad civil tienen mucho trabajo por delante. En este agosto sabremos si se anuncia, para septiembre, la reforma electoral y en qué condiciones se convoca. Morena continuará con sus mayorías calificadas, y veremos si las lecciones se atienden o simplemente se desechan.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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