Este 2026 arranca con un nuevo paradigma para alcanzar ciudades más azules y prósperas: la Ley General de Aguas. Tras más de una década de espera, desde diciembre de 2025 los mexicanos contamos con un marco jurídico renovado para regular el derecho humano al agua. Este instrumento establece las bases para el acceso y uso de los recursos hídricos, la interdependencia con otros derechos y distribuye competencias entre los diferentes niveles de gobierno.

Las principales responsabilidades continúan recayendo en los municipios. Ahora no solo deben garantizar la prestación de los servicios, sino también priorizarlos en su programación y presupuestación, introducir una perspectiva de género y de equidad, coordinarse con otros municipios y promover la participación ciudadana.

Hay cuatro cambios significativos de especial atención para gobernadores y presidentes municipales. El primero: los prestadores de servicio no podrán suspender el suministro por falta de pago, medida que podría representar un duro golpe a las finanzas de los organismos operadores, ya castigadas. La transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales para asegurar ingresos.

La segunda novedad es el impulso a los sistemas de captación de agua de lluvia. Las entidades federativas promoverán su instalación acorde a las necesidades regionales, fomentarán su inclusión en los códigos de construcción y determinarán la necesidad de su implementación según el valor del predio o de la construcción. Esta tecnología ha demostrado su eficacia para mejorar la disponibilidad en épocas de escasez y reducir la presión sobre las fuentes tradicionales, aunque su correcta operación y mantenimiento es esencial para evitar riesgos a la salud pública.

Un gran acierto es el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, que brindan su servicio ahí donde los más de 2,500 prestadores no llegan. Es una deuda histórica con los pueblos, comunidades indígenas y poblaciones afromexicanas que ahora contarán con una mayor certidumbre jurídica para elevar la calidad de sus servicios. El reto será formalizarlos, conocerlos y garantizar su convivencia armónica con los organismos operadores.

Por último, la participación ciudadana y la cultura del agua adquieren un papel esencial para fomentar la corresponsabilidad de toda la sociedad en la gestión eficiente del recurso. Más allá de discursos tradicionales orientados al consumidor, la ley brinda la oportunidad única de ciudadanizar los consejos directivos de los organismos operadores para evitar discrecionalidad y reforzar la rendición de cuentas.

El marco está planteado, pero el reto, como siempre, es transitar del dicho al hecho. Para alcanzar ciudades más azules y prósperas necesitaremos liderazgos políticos locales, una planeación adecuada orientada a resultados y, por supuesto, los recursos económicos suficientes para hacerlas realidad.

*Consultor internacional en materia hídrica y ambiental. Maestro en Tecnología Ambiental con orientación en gestión de recursos hídricos por el Imperial College London.

LinkedIn: Jorge Arriaga — www.linkedin.com/in/arriagaalberik