Una herramienta de este tipo comprende información sobre diversos aspectos, como la población que se puede afectar, estrategias de prevención y de concientización

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

El cambio climático ha tomado resonancia en los últimos años, las dimensiones de su impacto son superiores cada año. Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el norte del país se encuentra en un periodo de desertificación debido a que muchos de los ríos que se encontraban en esas regiones se están secando, lo que ocasiona la muerte de animales y desaparición de la vegetación. En la Ciudad de México la temperatura ha aumentado casi cuatro grados centígrados en los últimos años, de igual manera el número de tormentas intensas va en aumento y en periodos más largos de tiempo.

Los fenómenos naturales son cada vez más constantes a nivel mundial. En México, los desastres causados por el exceso de lluvia, las construcciones en zonas donde los deslaves son inminentes porque el suelo no es el adecuado, entre otros acontecimientos que derivan en pérdidas materiales y humanas son noticia en periodos cada vez más cortos. Tales sucesos hacen necesario el monitoreo permanente de las anomalías de origen natural, como los ciclones tropicales, volcanes y sismos, y en consecuencia, el diseño de atlas de riesgos.

Es un instrumento que funciona como una base datos en la que se concentra la información del territorio, incluyendo los peligros naturales que pueden afectar a la población y a la infraestructura ubicada en las zonas limítrofes del sitio. Se considera también como una herramienta que permite desarrollar una planeación urbana adecuada de la región para asentar en los lugares correctos las edificaciones de manera segura logrando una reducción considerable de los riesgos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha sido uno de los principales promotores desde hace casi 10 años sobre la importancia de contar con atlas de riesgos en las diferentes regiones del país.

En la gestión integral de riesgos, la prevención es un punto fundamental que constantemente cobra mayor relevancia y mayor demanda. “Cualquier esfuerzo por disminuir el creciente impacto social y económico que provocan las emergencias y desastres naturales es bien recibido por la ciudadanía”, asegura Ignacio Rafael Acosta Díaz de León, Asesor en el gobierno del estado de San Luis Potosí en temas de Acción Humanitaria y Protección civil.

Según los especialistas consultados, un atlas de riesgos debidamente instrumentado debe incluir información sobre la frecuencia e intensidad de los peligros en el territorio, visualizar las proyecciones a futuro de los fenómenos actuales y posibles nuevos escenarios, promover medidas preventivas, orientar políticas públicas y principalmente concientizar a los ciudadanos sobre los peligros de las zonas.

“Es indispensable reconocer que para disminuir el impacto de los desastres naturales es necesario evaluar y minimizar las condiciones de riesgo a través de mecanismos de reconocimiento, evaluación y prevención de los acontecimientos posibles en las zonas”, asegura Díaz de León.

Los programas de prevención, así como los atlas de riesgo, deben contar con mecanismos que evalúen la vulnerabilidad de la zona y el riesgo posible. “Cuando la vulnerabilidad es alta, aunque el riesgo sea mediano, la posibilidad de que un desastre ocasione afectaciones considerables aumenta”. La vulnerabilidad se debe a diversos factores; según Acosta, algunos a destacar son los materiales de las edificaciones, del suelo y subsuelo, la situación económica de los habitantes, los conocimientos sobre cómo actuar y la capacidad de reacción del gobierno.

El especialista asegura que un atlas de riesgo debe tener un análisis de amenazas actualizado, además de que los tres órdenes de gobierno deben evolucionar a una política prepública de prevención. “Es necesario que los gobiernos tengan conocimientos mediante estudios de vulnerabilidad, sobre el nivel socioeconómico, de género, sobre el número de edificios y sus materiales, sobre la forma en la que se comunican sus habitantes entre otras variables.” Con los estudios necesarios de la población también se pueden prevenir los desastres, ya que permiten un plan de prevención, de acción y reacción.

COOPERACIÓN ENTRE GOBERNANTES

El trabajo para la prevención de riesgos y creación del atlas de riesgos se debe dar a través de una coordinación integral entre los tres órdenes de gobierno y con un programa de manejo de riesgos, ya que como asegura Rafael Acosta, “las políticas públicas en la materia se dedican más a la reacción individual que a la prevención colectiva”. Es también una necesidad incluir en cualquier tipo de estrategia al Gobierno Federal, gobernadores y presidentes municipales.

La prevención de desastres debe ser un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones federales, gobiernos estatales y municipios. Un atlas estatal debería conformarse de la totalidad de los municipios, y a su vez conformar el federal. “La información debe generarse desde lo local, hasta llegar a la totalidad del territorio nacional”, enfatiza Acosta.

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

“Contar con un atlas de riesgos nos permite conocer cuáles son las eventualidades que se pueden presentar en las regiones, el riesgo es cambiante, los desastres se deben prevenir mediante estudios que determinen las debilidades de las zonas”, asegura Guillermo Cuenca Aguilar, asesor externo en Protección Civil y Gestión de Riesgo y Desastre. Además, dice, la labor de un gestor de riesgos es adelantarse con ayuda del atlas a los eventuales desastres naturales, ya que les permite crear labores preventivas.

El proceso para conformar un atlas de riesgos implica tener claro qué es lo que se quiere, “la mayoría de los municipios integran atlas de peligros y no de riesgos, un peligro es la causa del riesgo, es decir, un mapa en el que se identifiquen las zonas de inundación no conforma un atlas de peligro ya que sólo enfatiza un peligro; para lograr lo segundo es necesario identificar más riesgos, estrategias de prevención, la población que se puede ver afectada y acciones de concientización”, comenta Cuenca Aguilar.

El riesgo es cuantitativo, implica el porcentaje de la población que se puede ver afectada derivado de un acontecimiento natural, como lluvia, tormenta o sismo; por el contrario el peligro es cualitativo, siendo la causa que ocasiona el riesgo. “El atlas de riesgo va más a fondo, estudia los posibles escenarios en caso de fenómenos naturales, analiza cuáles son las posibles variantes así como los mecanismos de disminución de riesgo a fin de que el impacto tanto en los bienes materiales como en las afectaciones humanas sea el mínimo posible, sin embargo los atlas de riesgo se centran en identificar cuáles son las causales de una catástrofe, sin la necesidad de ahondar en los otros temas dejando de lado la frecuencia, intensidad, posible crecimiento, expansión, métodos para aminorar el impacto y estrategias de concientización”, asegura Guillermo Cuenca.

Los municipios y las entidades deben entender los conceptos de vulnerabilidad, peligro y riesgo y una vez que tengan claro lo que quieren pueden acercarse con el Gobierno Federal para que por medio de las instancias correspondientes se les otorguen los recursos indicados para la elaboración del atlas, sin embargo, comenta Cuenca Aguilar, “la Federación no cubre el 100 por ciento del costo total del estudio, una parte debe ser otorgada por el solicitante”.

Para terminar, ambos especialistas concuerdan en que los acontecimientos diarios alteran el territorio y, por ende, el atlas debe ser un sistema de información dinámico, en constante actualización.

Un atlas de riesgos es un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado. De esa manera garantiza la vida de los ciudadanos, sus bienes inmuebles y edificaciones públicas. También se debe de contar con una metodología uniformada como política pública de creación de atlas de riesgo homogeneizada, no debe ser un documento muerto, sino un sistema de información de constante actualización con los mismos lineamientos y parámetros en todas las regiones del país para evitar informaciones a medias y conceptos errados.