Un ayuntamiento puede publicar documentos, responder solicitudes y cumplir con sus obligaciones de transparencia y, aun así, mantenerse lejos de sus ciudadanos. Esa paradoja debe resolverse si queremos que el gobierno abierto sea una forma efectiva de gestionar lo público.

Durante años, las instituciones construyeron la transparencia bajo una lógica indispensable: el gobierno debe explicar qué hizo, cuánto gastó, a quién contrató y qué resultados obtuvo. Hoy necesitamos avanzar un paso más: una cosa es conocer una decisión después de que ocurrió, y otra, disponer de información suficiente para comprenderla y participar mientras todavía existe algo que decidir.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de marzo de 2025, vincula el gobierno abierto, los datos abiertos, la tecnología, la participación y la colaboración. En el ámbito federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene atribuciones en materia de datos abiertos y gobierno abierto. En Quintana Roo, y posiblemente en otras entidades, las autoridades siguen una lógica similar al integrar el gobierno abierto, los datos abiertos y el gobierno digital en sus procesos de transformación digital. El reto consiste en evitar que la modernización tecnológica avance más rápido que la apertura democrática.

Digitalizar el gobierno no equivale a abrirlo. Podemos simplificar trámites, interoperar sistemas y publicar datos sin que la ciudadanía comprenda cómo se tomó una decisión ni tenga la oportunidad de participar. Surge así una agenda a dos velocidades: una transformación digital acelerada y, detrás, la transparencia útil, la gestión documental y la participación.

El decreto federal del 4 de agosto de 2026 ofrece otra señal: para determinadas contrataciones del Poder Ejecutivo federal, ordena actualizar mensualmente los contratos y convenios modificatorios dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada mes. No se trata de trasladar esa regla a los municipios, sino de reconocer una buena práctica: la oportunidad también forma parte de la calidad de la información.

Pero para abrir información oportunamente, primero debemos poder reconstruirla. Ahí aparece la gestión documental. Una obra pública no genera un solo documento, sino una historia: planeación, presupuesto, contratación, ejecución, modificaciones, pagos y resultados. Sin gestión documental, podemos publicar mucho y seguir sin explicar una decisión.

En el ayuntamiento, esta realidad resulta evidente. La ciudadanía no percibe al gobierno como un organigrama, sino a través de los servicios y espacios que forman parte de su vida cotidiana: la calle, el parque, el agua, la seguridad y la obra pública. Quien busca entender una decisión no debería tener que averiguar qué dirección resguarda el contrato. Necesita saber qué se hará, por qué, cuánto costará y qué resultado produjo.

Por eso el siguiente paso del gobierno abierto no debería ser crear otro portal, sino conectar mejor la información que ya produce la administración pública. Quizá debamos cambiar las preguntas. No solo: ¿publicamos?, sino también: ¿la información puede encontrarse?, ¿puede entenderse?, ¿podemos reconstruir la decisión?, ¿llega cuando todavía es útil?, ¿permite participar?

El desafío consiste en pasar de una transparencia diseñada para demostrar cumplimiento a una apertura capaz de generar comprensión, participación y mejores decisiones públicas.

*Especialista en transparencia, derecho de acceso a la información, apertura institucional, derecho a la protección de datos personales y políticas públicas anticorrupción. Fue el último Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).