La forma en que nos movemos en la ciudad no es solo una cuestión de transporte; es un reflejo directo de las decisiones políticas que definen nuestra vida urbana. Según datos de ONU-Habitat, más del 55 por ciento de la población mundial vive en áreas urbanas, y se estima que para 2050 esta cifra alcanzará el 68 por ciento, lo que convierte a la movilidad urbana en un factor crítico para garantizar calidad de vida, cohesión social y sostenibilidad.

La movilidad urbana eficiente no solo reduce el tiempo de traslado, sino que también fortalece la integración social, disminuye la contaminación y genera oportunidades económicas. Ciudades como Copenhague, Ámsterdam y Bogotá han demostrado que invertir en transporte público seguro, en ciclovías y en la peatonalización estratégica del espacio mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos y fortalece el tejido social.

En México, la dimensión política de la movilidad urbana es evidente: durante décadas, los gobiernos han preferido invertir en infraestructura para automóviles particulares en lugar de fortalecer el transporte público, lo que ha generado ciudades congestionadas, fragmentadas y con espacios públicos inseguros. La dispersión urbana, la falta de conectividad y la priorización del automóvil han limitado la integración social y alejado a las ciudades mexicanas de la meta de ser ciudades felices.

El impacto de estas decisiones políticas es tangible: los ciudadanos pasan más tiempo desplazándose, los jóvenes tienen menos acceso a actividades culturales o educativas, y la delincuencia urbana aumenta en zonas con movilidad deficiente. Las calles, lejos de ser lugares de encuentro y comunidad, se convierten en corredores de tránsito y aislamiento.

La política urbana tiene un poder enorme: decide si nuestras calles serán espacios seguros y conectados o caminos que separan a los ciudadanos. Implementar sistemas integrados de transporte, peatonalizar áreas estratégicas, fomentar el uso de la bicicleta y garantizar la seguridad en el espacio público son decisiones que podrían transformar las ciudades. Sin embargo, requieren autoridades honestas y una visión estratégica que priorice la cohesión social por encima del lucro o de las conveniencias políticas de corto plazo.

Para mí, cada decisión política sobre movilidad urbana es un acto de responsabilidad social y ética. No se trata solo de infraestructura; se trata de permitir que los ciudadanos puedan vivir, trabajar, estudiar y soñar en ciudades que los conecten y les ofrezcan oportunidades. La movilidad urbana es, sin duda, un instrumento de transformación social. México necesita, con urgencia, que las decisiones políticas reconozcan su valor para construir ciudades más justas, seguras y felices.

*Maestra en Arquitectura y Urbanista, Directora General de ULC Urban Linked Culture y Presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de México (Conared).