Expediente Abierto
►Transparencia Proactiva ♦ Reportaje
Acceso a la información, una obligación local
Ante la desaparición de organismos autónomos garantes de transparencia, los gobiernos municipales tienen la oportunidad de reforzar las prácticas en la materia, innovar y crear políticas públicas sostenibles
►Por Martha Palma Montes
FOTOS: DREAMSTIME
El pasado 20 de marzo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma el Artículo 37, Fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que los sujetos obligados deberán constituir un Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia; promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles; publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Asimismo, se declara la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas facultades se trasladan a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, a través del órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo.
Los institutos de transparencia de los estados continuarán operando hasta que las legislaturas locales emitan la norma correspondiente, a fin de armonizar su marco jurídico a las reformas de transparencia aprobadas por el Congreso de la Unión.
La Ley General establece que los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas serán la autoridad garante local, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o alcaldías de la Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes. Otras autoridades garantes son el órgano de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías internas del Congreso de la Unión.
LA TRANSPARENCIA CONTINÚA
Ante la extinción de organismos autónomos garantes de transparencia, existe la posibilidad de que disminuyan las solicitudes de acceso a la información, debido a la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos.
“Las administraciones públicas tendrán el reto de probar que la transparencia continúa y aplicar los mecanismos que exige la Ley. El hecho de que la Plataforma Nacional de Transparencia siga operando, ayudará a mantener la coordinación de políticas públicas en la materia”, considera Daniel Rosemberg Cervantes Pérez, Coordinador Estatal del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) en el Estado de México.
Sin embargo, la desaparición del INAI y de los organismos autónomos estatales de transparencia, también es una oportunidad para que los gobiernos municipales refuercen sus prácticas y herramientas en la materia, así como mayor capacitación sobre estas, agrega María Estefanía Sánchez Tamez, Analista de Gobierno Abierto en la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León.
La transparencia proactiva ayuda a resolver necesidades ciudadanas específicas y aumenta la confianza entre esta y los gobiernos
MANTENER LA PROACTIVIDAD
Los sujetos obligados son todas las autoridades, entidades, órganos y organismos federales, estatales y municipales que reciben y ejercen recursos públicos y realizan actos de autoridad, los cuales, además, deben permitir el acceso a su información, así como proteger los datos personales que obren en su poder.
Es así que los sujetos obligados requieren poner a disposición la información relativa a sus principales competencias, facultades, atribuciones, funciones y al ejercicio de los recursos públicos que se les han asignado; lo anterior se define como obligaciones de transparencia.
Sin embargo, la transparencia proactiva va más allá de cumplir la normatividad en la materia, ya que apunta a resolver necesidades ciudadanas específicas.
Por ejemplo, durante la pandemia por Covid-19, muchos gobiernos locales publicaron estadísticas sobre los casos de contagio y personas hospitalizadas, dicha información era de fácil acceso y en formatos comprensibles.
En ese sentido, la transparencia proactiva también es una oportunidad de promover la innovación en servicios públicos, al darle un valor social útil a los datos generados diariamente por las dependencias de gobierno.
Asimismo, ponerla en práctica propicia que las solicitudes de información ciudadana disminuyan y optimiza el trabajo de las áreas jurídicas, reflexiona Fernando Maximiliano Gómez Cortés, Coordinador de Gobierno Abierto en la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León.
A su vez, la transparencia proactiva se transforma en un mecanismo de participación ciudadana porque informar a las personas es darles herramientas para incidir en las administraciones públicas y construir una relación de confianza, agrega María Sánchez.
“Las prácticas de transparencia proactiva y datos abiertos abren la conversación hacia la toma de decisiones basadas en evidencias, ya que generar y compartir información diariamente, ayuda a entender y crear mejores políticas públicas sostenibles.”
ACCIONES LOCALES
En el orden estatal y municipal existen ejemplos de transparencia proactiva, como el caso de la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León, la cual elaboró un mapa georreferenciado de las Juntas de Mejoramiento, conformadas por vecinos, a fin de que ellos puedan identificar si ya existe alguna en su colonia y en caso contrario, constituirla para exponer necesidades, proponer soluciones, presentar proyectos y actuar como enlace entre la comunidad y el gobierno.
Asimismo, en el marco del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2022-2024 de Nuevo León, la administración estatal elaboró la Guía Práctica Transparencia Proactiva, un cuadernillo de trabajo que se presenta como herramienta para los sujetos obligados, construido con la participación de diversas instituciones, órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Mientras que el ayuntamiento de Monterrey cuenta con el portal de infraestructura de datos espaciales Mide+, el cual recopila información cartográfica y georreferenciada sobre los servicios de atención por violencia familiar y de género, los proyectos ganadores del presupuesto participativo, estaciones para bicicletas, las zonas de implementación de biciescuelas, un informe estadístico de siniestros de tránsito, puntos de reciclaje y de wifi libre, ubicación de los Sistemas de Amortiguamiento Pluvial y la cobertura geográfica del servicio de transporte urbano de pasajeros, entre otros aspectos.
Algunas otras áreas de oportunidad para que los gobiernos municipales pongan en práctica la transparencia proactiva son transmitir en vivo las sesiones de las comisiones edilicias, difundir las actas de dichas sesiones y publicar estadísticas sobre el uso del presupuesto público, opina Daniel Rosemberg.
“Es necesario considerar que cada tipo de público busca información diferenciada, entonces los gobiernos pueden ofrecer los datos con base a las características de los usuarios, ya sean madres de familia, adultos mayores o jóvenes, esto con el fin de facilitar el acceso a servicios públicos. También es conveniente hacer diagnósticos para conocer a la población objetivo y definir el uso de medios de difusión digitales o físicos.”
Recuerda como referente de buena práctica de transparencia proactiva, la publicación de la declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos (Declaración 3 de 3) de todo el gabinete de gobierno y cabildo, durante el primer periodo de la administración del Presidente Municipal de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez Cruz, disponible en la página web del ayuntamiento.
Daniel Rosemberg Cervantes Pérez.
FOTO: CORTESÍA DE CIMTRA
Fernando Maximiliano Gómez Cortés.
FOTO:CORTESÍA DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NUEVO LEÓN
Romina María Estefanía Sánchez Tamez.
FOTO:CORTESÍA DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE NUEVO LEÓN