Los sistemas de agua en México padecen una problemática que tiene que ver, en lo fundamental, con el acceso a recursos para invertir en infraestructura y los incentivos políticos para llevar a cabo estas inversiones.

La autoridad sobre el agua se encuentra fragmentada entre la federación, las entidades y los municipios. Esta división de facultades tiene como consecuencia que sea fácil para los distintos órdenes de gobierno evadir la responsabilidad sobre los sistemas hídricos.

Esto es especialmente notable en el nivel municipal, el orden de gobierno más relevante para los ciudadanos, no únicamente en términos hídricos, sino también de bienestar general. El Artículo 115 Constitucional plasma la obligación de los municipios de encargarse de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En un país con 2,478 municipios, pocos están en condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad de proveer bienes y servicios públicos de calidad (agua, alumbrado, seguridad y recolección de basura, entre otros). Las razones centrales de ello son económicas y políticas.

Desde el ángulo hídrico, pocos municipios cuentan con recursos suficientes para contar con un organismo operador que dé mantenimiento adecuado a la infraestructura de aguas y brinde un servicio público eficiente.

Los municipios deben incrementar su autonomía fiscal. Actualmente, alrededor del 11 por ciento de los ingresos de los municipios es generado por ellos mismos. Esto es resultado de un andamiaje institucional que no es propicio para que los municipios cuenten con recursos propios que les permitan tener una planeación de infraestructura de largo plazo. Los municipios proveen los servicios, pero los recursos provienen de la federación o del estado. Bajo este arreglo, al no depender del ciudadano para sus ingresos, los gobiernos municipales no tienen incentivos para proveer servicios públicos de calidad. Este es el caso del servicio público del suministro del agua.

Políticamente, los gobiernos municipales no tienden a planear más allá de un trienio. Esto se debe, esencialmente, a la ausencia de la posibilidad de reelección durante la mayor parte de la vida democrática de México. La reelección es una recompensa del ciudadano por una buena gestión. La reciente eliminación de la reelección de presidentes municipales es, en este sentido, contraproducente. Un nuevo mandato de tres años es un objetivo poderoso y un incentivo legítimo para hacer un buen trabajo en la gestión municipal. Eliminarlo reduce el horizonte de los gobiernos a tres años, poco tiempo para modernizar la infraestructura hídrica de cualquier municipio.

Es necesario cambiar los incentivos de los gobiernos municipales para alinearlos con las necesidades de la ciudadanía. El impuesto predial es clave para ello. Una recaudación más eficiente del impuesto predial es el mejor aliado de los municipios para contar con sistemas hídricos funcionales que beneficien a su población.

Aumentar la recaudación predial permitiría a los municipios invertir mayores recursos en sus organismos operadores de agua —así como de otros servicios públicos básicos— y reducir su dependencia de las transferencias de otros órdenes de gobierno. Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un estudio sobre las mejores prácticas que los municipios pueden adoptar para modernizar su catastro e incrementar su recaudación del impuesto predial (https://imco.org.mx/el-impuesto-predial-esta-desaprovechado-en-mexico/). Destaca la implementación de sistemas tecnológicos para facilitar el acceso a información, trámites y pagos para los ciudadanos, el seguimiento a métricas de control de calidad, así como la promoción de un servicio civil de carrera.

*Director de Desarrollo Económico del IMCO. Experto en temas de energía y comercio exterior, especialmente relacionados con la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Correo: [email protected]