Los gobiernos deben construir sistemas de seguridad y de justicia bajo una revisión adecuada del marco jurídico en la materia a lo largo del territorio nacional y entre distintas instituciones

Por Isaías Ocampo

La seguridad y la justicia son elementos inseparables plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 21, donde señala que: “El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública…”. Y entre las bases que se señalan, se encuentra “la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos”.

Lo anterior, aunque considerado como un gran acierto por el doctor Carlos Galindo, investigador de Causa en Común, también señala que la seguridad y la justicia deben conformar un sistema completo, y advierte que, en la práctica, muy pocas entidades federativas cuentan con esa conformación que integre el actuar de los policías de los tres órdenes de gobierno, del Ministerio Público y de los jueces.

“Para ello se requiere un andamiaje jurídico con normas que piensen en la seguridad y la justicia como una parte integrada; la Constitución sí lo ve así, pero las leyes secundarias y reglamentaciones, desafortunadamente, no planean la conformación de sistemas institucionales que promuevan el flujo de información”, comenta el investigador.

Para que exista esa coordinación, el especialista puntualiza que se necesita un presupuesto integral que tome en cuenta cómo debe funcionar el sistema de seguridad, donde haya diálogo y coordinación entre las instituciones. “Sabemos que eso es evidente con la reforma a la justicia penal, con los juicios orales, que simplemente para coordinar la concurrencia de un juicio necesitas tener muy bien agendadas tus actividades para que los Ministerios Públicos puedan declarar y presentar sus pruebas, así como llamar a los policías como testigos, además de realizar las tareas básicas en coordinación”.

ACCIONES EFECTIVAS
“Si nos quedamos únicamente con todo lo que no hay en el país, perdemos la esperanza de mejorar y no se hacen acciones, pero es importante mencionar las condiciones del contexto porque, si no tenemos una gran lección nacional de cómo mejorar, las pequeñas mejoras o las acciones individuales que puedan hacer los alcaldes van a tener impactos pequeños porque el contexto general no los está ayudando”, considera Carlos Galindo.

Por ello, el especialista subraya que, en primer lugar, deben construirse sistemas de seguridad y de justicia bajo una revisión adecuada del marco jurídico en la materia a lo largo del territorio nacional y entre distintas instituciones; en segundo lugar, revisar la asignación del presupuesto y cómo funcionan los flujos de información para contar con indicadores para mejorar el combate a la inseguridad.

Y, por último, concretamente en las acciones que les corresponden a los municipios, el investigador recomienda poner atención a las condiciones laborales de las corporaciones policiales. “Es necesario mejorarlas y se puede ir haciendo paso a paso, pues difícilmente servidores públicos mal pagados y explotados laboralmente, sin derechos ni prestaciones, pueden prestar un buen servicio a la sociedad”.

En ese sentido, sugiere otorgar salarios dignos a las Policías, así como jornadas de trabajo razonables, pues considera que para cualquier persona que deba estar despierta más de 20 horas seguidas, le será imposible rendir un buen informe o cumplir con todo el papeleo que requiere un Ministerio Público para enjuiciar a un imputado.

Mejores policías para mayor seguridad y justicia
Por Redacción Alcaldes de México

En el combate a la delincuencia, las administraciones municipales van avanzando hacia modelos de impartición de justicia que incluyan capacitación, equipamiento y adiestramiento del personal de seguridad, pero, sobre todo, coordinación entre las instituciones involucradas en el apoyo a la ciudadanía.

Tal es el caso del municipio de Los Cabos, donde las autoridades afirman que se trabaja de forma constante en coordinación con los tres niveles de gobierno en tareas que involucran la pronta respuesta a los llamados, procurando no violentar los derechos humanos y velando por los intereses de la población en general.

Para la administración encabezada por Óscar Leggs Castro, la inseguridad se manifiesta en dos formas: la que vive diariamente la población en su vida cotidiana y la que se manifiesta por el aumento de los delitos y el narcotráfico. Por ello, las autoridades municipales han incrementado la presencia del personal policial en las calles, con más recorridos en todas las colonias y con más y mejor preparación.

Al respecto, el doctor Carlos Galindo señala que la presencia policial en las calles debe ir acompañada de jornadas laborales adecuadas para su mejor rendimiento, pues, de acuerdo con un estudio de Causa en Común, se estima que más de 44 por ciento de los policías en México trabaja más de 12 horas diarias. “Hay que darles salarios dignos, cuidar sus jornadas laborales y darles prestaciones y respetar sus derechos laborales”, insiste el especialista.

En ese sentido, el gobierno municipal de Los Cabos reconoce que la capacitación, el equipamiento, adiestramiento y preparación de forma periódica en todos los rubros hacen la diferencia para un buen policía. Además de realizar exámenes de control y confianza de forma periódica para comprobar el nivel de confianza y evitar su corrupción, proporcionando los equipos necesarios, fundamentales como mecanismos para su desempeño.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CABOS
Uno de los temas en los que ha puesto el foco la administración municipal encabezada por Óscar Leggs Castro es la protección integral y efectiva a los derechos humanos de los pueblos originarios, los cuales históricamente han tenido que enfrentar diversos obstáculos en materia de acceso a la justicia penal, impunidad y discriminación, además de falta de defensa legal como indígenas, señala el Coordinador Municipal de Derechos Humanos, Edgar René Bertín Olachea.

“Es sumamente importante sensibilizar a toda la población en estos temas, así como capacitar desde la cosmovisión indígena a los servidores públicos y a quienes se desempeñan en el ámbito de la impartición de justicia”, destaca.

El funcionario puntualiza que no se trata únicamente de aplicar leyes, sino también de construir nuevos paradigmas para una justicia multicultural, la cual será posible a través del reconocimiento de los derechos humanos, fomentando la inclusión y la participación activa de los pueblos indígenas.

En esa materia, el gobierno de Los Cabos imparte capacitaciones a los elementos de Seguridad Pública, así como a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado e inclusive al público en general.

“Nuestro Presidente Municipal nos ha dado la instrucción de trabajar en todo sentido y promover el respeto irrestricto hacia los derechos humanos, que seamos un gobierno responsable y parte de esa responsabilidad implica conocer cuáles son nuestras obligaciones y cómo debemos hacer nuestra función”, agrega el Coordinador Municipal de Derechos Humanos.

También, la Dirección de Vinculación Social del municipio implementa programas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en coordinación con diversos sectores de la sociedad. “En la corporación se brinda igualdad de oportunidades, capacitando y adiestrando a las compañeras con las mismas consideraciones y oportunidades, evitando violentar sus derechos humanos”, señalan las autoridades de Los Cabos.

FOTOS: CORTESÍA CÉSAR PERPULY/AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Relación del Ministerio Público y Policías:
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras la reforma del Artículo 21 en 2008, atribuye al Ministerio Público la facultad de auxiliarse de todas las Policías para hacer eficiente la investigación y persecución
de los delitos.

b) El Ministerio Público y la Policía desarrollan actividades de investigación de delitos, pero cada uno con funciones diferentes.

c) La Policía puede ser dirigida por el Ministerio Público en la investigación de casos concretos.

d) La dependencia de la Policía al Ministerio Público es puramente funcional, no absoluta.

e) Todos los miembros de los cuerpos de seguridad en todos los niveles y competencias deben estar preparados para esta coordinación y trabajo conjunto en las investigaciones judiciales.

Fuente: Elaboración propia con información de Vasconcelos, R. Reforma procesal penal y Ministerio Público. Serie Juicios Orales, núm. 22. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 2016.

Seguridad con sentido humano en Los Cabos con:

  •  Capacitación de policías desde la perspectiva de los derechos humanos.
  •  Trabajo coordinado entre Policías, Juzgado Cívico y Ministerio Público.
  •  Capacitación de mandos operativos que desempeñan funciones relacionadas con las puestas a disposición.
  •  Formación de personal de seguridad en atención a pueblos originarios.
  •  Respeto e igualdad de oportunidades para personal de seguridad femenino.
  •  Entrega de uniformes y equipo táctico a personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
  •  Fomento del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Fuente: Gobierno Municipal de Los Cabos