Después de tres años de gobierno, hoy parece que llegamos a un punto de inflexión. La propuesta presidencial de reforma constitucional en materia energética, en particular para la Comisión Federal de Electricidad, muestra la visión de este gobierno sobre la responsabilidad del Estado Mexicano, la dirección hacia dónde lo quiere llevar y el futuro consecuente de sus intenciones. No es un capricho más, se trata de una política de Estado que, de tener éxito, estaría acompañada necesariamente de otros procesos para consolidar una visión poco novedosa, ya experimentada en el siglo XX.

Más allá de la rebatinga de votos en el Congreso para aprobar o no la propuesta de reforma, lo que queda claro es la pretensión presidencial de retornar a un Estado ampliado, firme rector de la economía, diseñador, operador, regulador y evaluador de las políticas económicas, a las que el mercado deberá sujetarse a través de las viejas prácticas: un Estado empresario, controles de precios y toma de decisiones centralizadas. En esa dirección, por ejemplo, se creó una empresa para distribuir el gas, el Banco del Bienestar y las obras como el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía. El Presidente había dado muestras de ese tipo de tendencias y a los tres años de gobierno los proyectos están a la vista.

En el discurso, la historia, según el Presidente, solo se empobrece al reducirla a proyectar la reforma como una opción entre retomar las políticas de Cárdenas y López Mateos con la visión de Carlos Salinas. En esa falacia se omite considerar la evolución y transformación que vivió el mundo a lo largo de todo el siglo XX. Se olvida que la participación del Estado en la economía no fue exclusiva de México, pero en nuestro caso estaba acompañada de una economía cerrada, proteccionista, basada en el nacionalismo propio de un México en el que la Revolución aún definía la ideología gobernante. Las glorias de aquellos años no volverán con ese esquema, debido a la hoy fuerza de la globalización, la posición de México en la geopolítica mundial, los nuevos retos de generación de energía que requiere el mundo y las características de nuestra economía integrada al mercado internacional.

Sin duda, la preeminencia de las políticas liberales y la reducción del Estado en el mundo de finales del siglo XX no resolvieron los problemas añejos de las sociedades en desarrollo. La pobreza y la desigualdad de oportunidades entre los mexicanos son hoy tan reales como en el pasado, aunque con los matices necesarios, dado que la economía creció y las políticas sociales se fortalecieron. En efecto, ante la persistencia de los problemas estructurales, era y es necesario desarrollar nuevas políticas y reenfocar estrategias. Después de tres años del gobierno que prometía una transformación, la imaginación no dio para mucho. Se optó por regresar a estrategias del pasado, concentrar recursos a través de políticas de austeridad radicales y ensayar un tipo de política social centrada en la distribución de recursos para atender el presente, pero sin visión de futuro.

Por eso estamos ahora en un momento de inflexión en el que no se entienden las estrategias y la definición de las políticas. México ya vivió la experiencia de un Estado fuerte que trajo crecimiento económico, pero no resolvió la problemática social. Ese Estado necesitó acompañarse del autoritarismo y dejó a la democracia como una asignatura pendiente. Ese Estado no sobrevivió la evolución económica y política del mundo y más bien optó por la apertura y la democracia. La pregunta hoy es si contamos con las instituciones, la oposición partidista y la fuerza de la sociedad civil organizada para conducir la inflexión a soluciones alternativas, con creatividad e inclusión y con miras al futuro, no al pasado. En este debate viviremos los siguientes tres años de gobierno.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)