El 24 de junio los diputados de la LXXI Legislatura del Congreso de Michoacán aprobaron por unanimidad la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Entre los temas más relevantes incluidos en esta norma se encuentran los siguientes: la regularización de los servicios de seguridad privada, la creación de unidades de control y evaluación para las instituciones; integración de los consejos municipales, el establecimiento de un informe policial homologado, así como la asignación de seguro de vida y servicios de salud para los policías. En el contexto de la creciente actividad de grupos del crimen organizado en el estado, especialmente del conocido como La Familia, la Legislatura pretende agilizar, modernizar, profesionalizar y transparentar las instituciones del Sistema de Seguridad Pública. Éste estará integrado por un Consejo estatal, los consejos municipales e intermunicipales. El órgano operativo será el Secretariado Ejecutivo, que tendrá autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

El sistema contará con tres centros especializados: el “Estatal de información”, que llevará los registros de criminalística, personal, armamento y equipo; el de “Prevención del delito y participación ciudadana”, que tendrá a su cargo la realización de estudios sobre las causas y distribución del delito, estadísticas, patrones de comportamiento y tendencias históricas, entre otras. Por último, el de “Certificación, acreditación y control de confianza”, el que se ocupará de la selección, ingreso, promoción, formación, permanencia, reconocimiento y certificación del personal de seguridad pública, en las categorías de auxiliar, privado y de procuración de justicia, tanto a nivel estatal como municipal. También se encargará de realizar diversos estudios y evaluaciones a los miembros de las corporaciones públicas y privadas de seguridad. En cuanto a los servicios de seguridad privada, son considerados auxiliares a la función de seguridad pública. Otro aspecto importante de la nueva ley es que la Auditoría Superior el Estado se ocupará de la fiscalización de los recursos y programas que ejerzan el estado y los municipios en materia de seguridad. También hay un capítulo en el que se deslindan las responsabilidades y se establecen las sanciones administrativas y delitos de los servidores públicos estatales y municipales.