Si una entidad federativa quiere captar más impuestos no tiene que fiscalizar persona por persona. Mario Arteaga, socio de la firma consultora PwC, explica que para incrementar los niveles de recaudación es pertinente que las tesorerías agudicen su estrategia con la idea de agilizar los procesos de captación e identificar los causantes clave.

De entrada es preciso adoptar soluciones que faciliten a los ciudadanos el pago de sus compromisos fiscales, como la instalación de kioscos electrónicos en plazas comerciales, así como la adopción de tecnología para modernizar las bases de datos y los registros de los contribuyentes, entre otros. De esta forma, la población tendrá un incentivo para cumplir en tiempo y forma.

Otro paso consiste en detectar a las personas físicas o morales que están obligadas a pagar impuestos pero que no lo hacen. Para ello, el experto admite que es imposible fiscalizar a cada quien, ya que eso implica una gran cantidad de trabajo y los resultados no siempre son los esperados. “No es muy útil asegurarse de que todos están pagando el impuesto sobre nómina, por ejemplo. Si se dictamina a una empresa con cinco empleados, seguramente la recaudación no va a aumentar de manera importante”, asegura el consultor.

En este sentido, Mario Arteaga recomienda definir un target de contribuyentes cuyo pago sí sea significativo para las arcas locales, como es el caso de las empresas.

“Aclaro que la autoridad no debe solapar a los ciudadanos, pero hay que aceptar que es imposible que cualquier entidad, ni siquiera a nivel federal, se ponga a fiscalizar persona por persona. Las autoridades competentes tienen que focalizarse en los grupos en los que realmente la fiscalización pueda ser importante. Esta estrategia también ayuda a identificar a quienes tienen que pagar impuesto y que lo hagan.

SEGUIMIENTO CONSTANTE.

Una vez que se tienen ubicados a los causantes cuyas obligaciones fiscales pueden ser de gran valor, el siguiente paso consiste en vigilarlos de cerca. Si se trata de empresas que no pagan, es necesario echar mano de herramientas como notificaciones o visitas domiciliarias para verificar que cumplan con sus tributaciones.

El socio de PwC recomienda a los gobiernos, particularmente a las entidades federativas, solicitar los servicios de expertos en la materia para que, a través de un dictamen de contribuciones locales, confirmen si dichos sujetos obligados cumplen a cabalidad con lo que tienen que pagar o si, a pesar de tener que hacerlo, no lo cubren.

“La autoridad podría revisar directamente a la empresa y pedirle evidencias de que ha pagado sus impuestos. Esto tiene que sustentarse en un análisis previo de elementos, como la carga fiscal que más recursos aporta, por ejemplo, que es el impuesto sobre nómina. Sin embargo, en cada estado de la República Mexicana existen otro tipo de gravámenes que también podrían ser muy redituables”, expone Mario Arteaga.

El especialista comenta que un caso exitoso de la aplicación de los dictámenes de contribuciones locales es el Estado de México, el cual, desde hace casi ocho años, ha permitido que la recaudación se incremente cerca de 10 por ciento anual.

OTRAS OPCIONES.

Mario Arteaga explica que las empresas serias también ofrecen servicios de asesoría a los gobiernos para aplicar dichos instrumentos, así como para diseñar otros mecanismos que les permitan elevar su recaudación, como la modificación o elaboración de leyes.

Dicha orientación consiste en revisar la solidez de las leyes fiscales locales para asegurar una buena recaudación, esto es verificar que las normas sean claras en cuanto a conceptos como el objeto del impuesto, la base gravable, el cálculo de los montos, así como determinar si la redacción es entendible e identificar los artículos que pudieran ser anticonstitucionales.

El experto comenta que dichos elementos hacen que el proceso para elaborar o modificar una ley fiscal sea complejo, además de que, cuando los proyectos pasan por los congresos estatales, por lo general adquieren tintes políticos.

“Siempre es conveniente que un estado haga las modificaciones pertinentes en sus marcos jurídicos, pero en lo que toca a la política no siempre es así. Si en un estado hay elecciones al año siguiente de que se aplique una medida de éstas, probablemente tendrá un efecto electoral y los votantes castigarán al gobierno por autorizar una nueva obligación”, apunta.

El analista de PwC explica que dichas recomendaciones también son útiles para los municipios, aunque no todas cuentan con la capacidad financiera para ponerlas en práctica. En ese caso, recomienda a los alcaldes buscar acuerdos con los gobiernos estatales para que éstos sean quienes se encarguen de fiscalizar y les entreguen los recursos correspondientes a los municipios.

“Sin embargo también se vuelve un asunto político, porque ahí donde hay un municipio gobernado por un partido diferente al del gobernador del estado, el ayuntamiento no le va a permitir al gobierno estatal que meta las manos en su tesorería para ver cómo está recaudando. Si se puede quitar eso de la mesa y lograr que los ediles alcancen acuerdos con los estados, sin distinción de colores, habría un boom en las recaudaciones locales”, concluye Arteaga.