México ha registrado un crecimiento menor frente a la demanda requerida en materia de infraestructura y urbanización. Y a pesar de los esfuerzos por superar los rezagos en la materia, aún existen muchas poblaciones que no tienen servicios básicos y, en consecuencia, acceso a obras como pavimentación, asegura el investigador Flavio Lazos Garza.
El especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica que la infraestructura “no sólo es insuficiente, sino que ahora claramente se ha deteriorado y además con grandes contrastes en las diversas regiones del país, propias de la asimetría que tenemos. Hay zonas con mucho más recursos y una dinámica de desarrollo, y otras obviamente más rezagadas.”
Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en marzo pasado las reglas de operación que buscan otorgar apoyos económicos o garantías para respaldar el crédito de instituciones bancarias, con el objeto de realizar obras de pavimentación en los ayuntamientos.
Con un presupuesto de 2,085 millones de pesos, el fideicomiso tiene como finalidad fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que apoye la reactivación económica en distintas regiones de México. Con lo anterior, al menos 206 localidades podrían recibir de entrada los recursos del llamado Fondo de Pavimentación a Municipios (Fopam).
Si se considera que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, en el Ramo 33 para todos los municipios del país, dispone de 30 mil 440 millones de pesos para infraestructura —donde se considera desde agua potable y alcantarillado, hasta proyectos productivos rurales—, resulta interesante que el dinero adicional sea sólo para uno de los posibles rubros, explica Lazos Garza.
“Cabe decir que en el PEF, además hay un montón de obras pactadas con los diputados federales para pavimentación en sus entidades. Aquí me parece que sí es un adelanto ya que se trata de recursos federales adicionales, que en su mayoría se convertirán en obra pública local que beneficiará a los habitantes”, expone.
“Por ello, lo considero un experimento. Si esa va a ser la ruta, luego tendríamos un fideicomiso para obras de agua potable y otro para parques y jardines, y otro más para rastros municipales”, serían recursos que se traducirían en producción de obras y servicios.
No obstante, explica el especialista, desde el punto de vista del federalismo se puede considerar un retroceso porque se habla de un mecanismo centralizado y complicado, en donde la Unidad de Política de Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda decide y financia la puesta en marcha de la pavimentación de calles y construcción de banquetas y guarniciones, que es una función básica, un servicio público elemental que realizan los 2,440 municipios del país.
CAMINO A SEGUIR
Según la Constitución en su artículo 115, fracción III inciso G, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, que incluyen “calles, parques y jardines, y su equipamiento”. En este punto, “una parte fundamental de los municipios, las calles, estaría decidida por el gobierno Federal. Si ese es el camino a seguir sería una contradicción al modelo de la autonomía municipal”, comenta Lazos.
En este caso se puede hablar de un “Ramo 33 plus”, donde los recursos no sólo se etiquetan, sino la aprobación de la obra se realiza centralmente, “aunque por otro lado es entendible el mecanismo de Hacienda, que es el resultado del escepticismo y la cautela con que el gobierno Federal ve a los gobiernos subnacionales”, agrega el especialista en finanzas públicas.
Según la SHCP, el programa sistemático de mejora urbana se enfoca en aquellos ayuntamientos que tienen condiciones vulnerables, y serán considerados los que hayan promovido obras de alumbrado, drenaje, agua potable, entre otros servicios. “Aparentemente todos los que cumplan los requisitos, que no son pocos, serán susceptibles de ser apoyados hasta que se acabe el fondo”, menciona.
Tomando como base la iniciativa de pavimentación “30 en 3”, aplicada en las colonias populares y sindicaturas del municipio de Culiacán, la propuesta fue presentada en 2009 por la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), como una manera de que los ayuntamientos puedan mejorar la calidad de las vialidades urbanas.
El programa aprobado en marzo de 2010, que se cargará al Ramo 23 de provisiones salariales y económicas, plantea una fórmula que multiplica los recursos aprobados por la Cámara de Diputados a partir de un esquema de aportaciones adicionales que harían el gobierno Federal, las entidades federativas y los beneficiarios. Según estimaciones, gracias a estos recursos se podrían cubrir más de mil kilómetros de calles en una primera etapa.
Hasta ahora, municipios del norte de San Luis Potosí; así como el ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo; Irapuato, Guanajuato; Tuxpan, Jalisco; Compostela, Nayarit; entre otros, han mostrado interés por acceder a los recursos que les permitirían mejorar las vialidades en las diferentes comunidades que los conforman.
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