El acceso al financiamiento puede hacer la diferencia en el desarrollo de una comunidad, sobre todo en tiempos difíciles, cuando se reducen las contrataciones laborales y el autoempleo se convierte en una alternativa de solución para sacar adelante la economía de las familias.
La necesidad de obtener mayores recursos para detonar la actividad productiva y el bienestar de la población es una realidad que enfrentan los municipios en todo el país, por lo que el impulso al sector de microfinanciamiento representa una opción para apoyar, sobre todo, a las localidades más pequeñas.
“Vemos las microfinanzas como una herramienta de apoyo para los municipios porque, actualmente, aunque están llegando los recursos a las comunidades rurales, las personas no tienen un ingreso fijo, por lo que recurren al autoempleo. Los micronegocios no tienen una contabilidad bien diseñada, sino más bien pequeños flujos de caja de la compra y venta diarias”, asegura Diego Duque, presidente de la asociación ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa, que agrupa a 96 organizaciones prestadoras de servicios financieros populares del sector social y privado.
“A través de estos instrumentos estamos llegando a las localidades; entonces, creemos que sí están brindando apoyo, sobre todo ahora que los bancos se han retirado (del financiamiento)”, refiere.
Duque destaca que la diferencia en el caso de los microcréditos, es que estos recursos se destinan a actividades productivas y no solamente al consumo, lo que permite generar economías de escala en las localidades.
Al cierre de 2008, de acuerdo con un análisis de ProDesarrollo, las instituciones de microfinanciamiento (IMFs) atendieron a 2.2 millones de personas a nivel nacional, de las cuales 80 por ciento son mujeres y 50 por ciento vive en comunidades rurales. La mayor demanda de este tipo de créditos se encuentra en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Veracruz. Desde el punto de vista municipal, las sucursales o centros de atención se ubican en alrededor de 514 localidades, es decir, 20 por ciento del total de municipios del país.
“Las microfinanzas atienden, específicamente, las necesidades de crédito y otros servicios financieros, particularmente para fines de capital de trabajo. Esto quiere decir que nuestro principal objetivo es apoyar a la gente que tiene una actividad productiva, una microempresa, y en ese sentido ayuda muchísimo al desarrollo de los municipios”, afirma Enrique Majos, director ejecutivo de Negocios de Compartamos Banco.
Por tipo de actividad, 40 por ciento de los créditos se utiliza en servicios, 30 en la industria y el resto se destina a actividades del sector primario.
Abanico de financiamientos
En el sector microfinanciero existe una amplia gama de instituciones que otorgan recursos para proyectos productivos mediante distintos esquemas de crédito. Bancos comerciales, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), uniones de crédito, cooperativas y cajas solidarias, así como microfinancieras y programas de gobierno son opciones a las que se puede acudir.
“Hay una variedad muy grande: primero se encuentran los bancos que manejan microcréditos; el siguiente escalón son las sociedades financieras populares, que nacieron con un énfasis en el trabajo para la comunidad, pero que ya captan ahorro y prestan dinero; luego están las Sofomes, y después las asociaciones civiles que trabajan más de cerca con las bases populares”, señala Carlos Tovilla, socio director de Microfinanza Rating México.
“El espectro es muy amplio, y también hay que contar los programas de los 32 gobiernos estatales, que ponen una bolsa de recursos y la depositan en un fondo para apoyar al sector”, detalla.
Las entidades de fomento son las encargadas de canalizar los recursos estatales a los clientes finales para apoyar los proyectos productivos; sin embargo, de acuerdo con el especialista, la mayoría de los recursos públicos locales que se destinan a microcréditos proviene de los estados, ya que los municipios no tienen los ingresos suficientes para sostener este tipo de iniciativas.
“Tiene que ser un municipio muy rico y muy grande para que pueda tener esos programas, como son los casos, por ejemplo, de Guadalajara, Monterrey y Puebla. Pero para los municipios que son menos solventes y en estados muy pequeños, ya hay programas estatales en todos los casos, pero municipales hay muy pocos”, reconoce Tovilla.
Los gobiernos locales, fundamentalmente estatales, trabajan también con el Ejecutivo federal en programas para impulsar y fortalecer el financiamiento a los microempresarios, así como a las propias IMFs.
“Respecto al financiamiento, existen programas en los cuales vamos en alianza con los gobiernos estatales para hacer la mezcla de recursos que se requiere para multiplicar y poder canalizar subvenciones a las empresas”, menciona Javier Vázquez, director para el Desarrollo de Canales de Financiamiento y Extensionismo Empresarial de la Secretaría de Economía (SE). Lo anterior se debe a que “los gobiernos locales son quienes tienen el conocimiento más profundo de las vocaciones productivas de la región y de las necesidades de financiamiento que tienen sus empresas”, expone.
La dependencia cuenta con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) y el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur), por medio de los cuales apoya la capitalización de las IMFs que operan en el interior del país, las que, a su vez, otorgan los recursos a la población objetivo.
“La meta del programa es llevar el microcrédito a la población de menos recursos, pero se opera en un esquema de segundo piso”, explica Vázquez.
“Lo que también han buscado el Pronafim y el Fommur es desarrollar una red de instituciones de microfinanzas, que son las que finalmente llevan el microcrédito a la población objetivo de los programas, ya que tienen la infraestructura, el personal, la capacidad técnica y administrativa para poder distribuir y multiplicar los recursos a manera de crédito”, refiere.
Microfinanzas prometedoras
Las autoridades y representantes del sector coinciden en que, a pesar de las dificultades económicas, las microfinanzas continuarán con un crecimiento sostenido, dado el potencial que existe en la cartera de clientes y la demanda debida al fomento del autoempleo y de nuevos negocios. No obstante, agregan, se debe atender el fortalecimiento legal y la regulación de las instituciones crediticias para asegurar sus efectos y beneficios en el largo plazo.
Asimismo, destacan que la participación de los gobiernos locales en el impulso de programas de apoyo, así como la coordinación de los municipios con el sector privado, son fundamentales para dar continuidad a esta tendencia positiva.
Duque considera que podría alcanzarse un aumento de 30 por ciento en la demanda de financiamientos para 2009, aunque las medidas fiscales que se aplicarán en este año afectarán el poder adquisitivo de los clientes y, por consiguiente, el otorgamiento crediticio tendrá un ritmo menor.
Al respecto, Majos destaca que, a través de los años, las microfinanzas han sido identificadas como un mecanismo contracíclico, debido a que apoyan actividades básicas que están encaminadas a satisfacer necesidades de pequeños negocios que son más flexibles en sus costos.
El directivo de Compartamos Banco añade que desarrollar una mayor actividad financiera en los municipios permite, además, reducir los apoyos asistencialistas y fomentar el trabajo productivo y el progreso de las comunidades. “Mientras más conciencia y cooperación haya entre los municipios y la iniciativa privada, será mayor el efecto de las microfinanzas en las comunidades.”
Duque manifiesta que los gobiernos locales también deben generar las condiciones de seguridad necesarias para la operación de las IMFs, logrando así un círculo virtuoso a favor de la población.
Asimismo, señala que para la distribución de los apoyos “pueden utilizarse las cajas de ahorro, las cooperativas o los mismos bancos que han comenzado a operar en microfinanzas. Puede haber mucha coordinación, sobre todo ahora con las minisucursales o corresponsales que están llegando a comunidades de 2 mil 500 habitantes, donde no había servicios financieros, y ahora ya tienen una opción a bajo costo”.
Agrega que algunos municipios también han buscado apoyar a sus productores por medio de fideicomisos de garantía, pero todavía queda camino por recorrer. “Se debe tener cuidado cuando se acercan las elecciones, ya que, si no se va con pies de plomo, los programas pueden ser utilizados como propaganda política”, por lo que recomienda “jugar con reglas muy claras”.
“Dictar esas reglas en un proceso de comunicación muy abierto puede funcionar para que realmente el interés sea apoyar al más pobre en una actividad autogestionable y no de subsidio, porque éste hace daño”, puntualiza.
Por parte de las IMFs, Tovilla refiere que éstas deben trabajar en el mejoramiento de sus procesos administrativos y de transparencia, en tanto que las autoridades federales y los legisladores deben atender el fortalecimiento de la regulación para el mercado.
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