En el marco de la cuadragésima edición del “Foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”, Causa en Común expuso que estos encuentros permiten insistir en el urgente fortalecimiento policial que requiere el país ya que los encargados de la seguridad merecen todo nuestro respeto y agradecimiento por protegernos en las condiciones más adversas y muchas veces a costa de sus vidas.
La organización ciudadana planteó que, durante los últimos dos años, las policías y las fiscalías se encuentran en un total abandono debido al repliegue del gobierno federal tanto operativa como presupuestalmente. Además, la militarización de la seguridad pública y el militarismo exacerbado que caracteriza al actual gobierno federal “no sólo altera el equilibrio civil-militar esencial para nuestra democracia; no sólo se ponen en riesgo -aún más- los derechos humanos, sino que no funciona”, sostuvo en el Foro virtual.
María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana, dijo que la Guardia Nacional debe ser una policía civil, como lo establece nuestra Constitución, y no Fuerzas Armadas disfrazadas. También reiteró que las policías locales deben contar con el presupuesto suficiente para mejorar sueldos, prestaciones, capacitación, equipamiento e infraestructura.
Añadió que un elemento esencial para que cualquier política de seguridad tenga posibilidad de ser exitosa debe mirar a la política social y a los programas de prevención: “sin políticas que brinden estándares mínimos de bienestar y oportunidades para el desarrollo individual y colectivo, y sin programas de prevención enfocados a las dinámicas sociales de cada comunidad, no se podrá revertir la inseguridad que hoy nos abruma”.
Se mostró convencida de que, para mejorar la seguridad en México “se necesita una alianza entre gobiernos y comunidades y una participación activa y crítica de las organizaciones ciudadanas, esas que hoy estigmatiza y amenaza el gobierno federal. Es lamentable, y además absurdo, gastar energía política en dividirnos, cuando lo que debemos hacer es unirnos, reconociendo los enormes retos que enfrentamos; consensuando propuestas; y actuando, cada quién desde su propio espacio y responsabilidad, a favor del esfuerzo conjunto”.
Nelson Vargas Jr., Coordinador de Programas de Profesionalización Policial en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en México comentó la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad civil para fortalecer a las instituciones públicas. En este sentido, expuso que el gobierno de Estados Unidos seguirá trabajando con México a nivel federal, estatal y municipal en la profesionalización de los elementos de seguridad pública, “para que todos los policías mexicanos logren implementar estándares conocidos a nivel internacional para llevar a cabo su trabajo”.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores mencionó la problemática que ha traído el Covid-19 en la atención de la seguridad pública ya que ahora, además de enfrentar temas de seguridad, los policías tienen que atender otros asuntos relacionados con la pandemia. Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación que contempla la desaparición del Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), se pronunció para que este fondo permanezca para que las policías locales de los estados puedan contar con recursos suficientes para su operatividad.
Por su parte, Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno de Michoacán, en representación de Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, planteó los retos en seguridad que la pandemia va a traer para el próximo año debido a la desigualdad social que la enfermedad está provocando debido a su impacto económico: “Vivimos uno de los peores momentos del país, estamos en la punta del icberg”, ya que la pobreza provocada por el Covid-19 podría provocar un incremento en la inseguridad para el 2021”.
Mesas de trabajo
En el panel “Crisis económica, impactos sociales e inseguridad”, Causa en Común hizo un recuento de la inseguridad que vive el país, a pesar de la cifra negra que, en muchos casos, ronda o supera el 90% de los delitos no denunciados. Precisó que, en lo que va del año, se tiene una cifra de 26,955 asesinatos, el número más alto desde que se tiene registro. Además, se han reportado 724 feminicidios, el número más alto desde que hay reportes por este delito, y se tiene el registro de 163,868 carpetas de investigación por violencia familiar, también el mayor número desde que se contabiliza esta conducta.
En el caso de Michoacán, se han registrado 1,790 homicidios dolosos en los primeros nueve meses del año (26% más que en el mismo periodo del año pasado). Además, se han reportado 911 casos de violencia familiar (33% más), 14 víctimas de feminicidio (133% más), 18 extorsiones (una cantidad que, a pesar de ser una cifra extremadamente baja y que parece no corresponder a la realidad, representa un aumento de un 1,700% más) y 38 víctimas de secuestro (1% más).
En Guerrero, se han reportado 1,100 asesinatos de enero a septiembre de este año y, aunque esto significa una reducción de 21% con respecto a los primeros nueve meses de 2019, el estado aún se encuentra dentro de las diez entidades con más registros de asesinatos en el país. En el periodo, también se reportan 11 feminicidios (21% menos entre los primeros nueve meses de 2019 y de 2020), 204 extorsiones (7% menos) y 17 secuestros (56% menos).
Ana María Salazar, analista en temas de seguridad, planteó los escenarios complicados que se vislumbran en materia de seguridad pública a consecuencia de la crisis económica que está dejando la pandemia del Covid-19, la cual se podría incrementar por “el tsunami de migrantes centroamericanos” afectados no solo por el coronavirus, sino por la crisis de seguridad que viven estos países y “que querrán llegar a Estados Unidos a través de nuestro territorio”.
En este panel participaron: Florencio Salazar Adame, Secretario de Gobierno de Guerrero; Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno de Michoacán, y Sandra Ley, profesora investigadora del CIDE, coordinadora del Programa para el Estudio de la Violencia.
En la mesa “Retos del desarrollo policial y las fiscalías estatales”, Causa en Común expuso los resultados de su encuesta “¿Qué piensa la policía 2019?”, trabajo que permite conocer las condiciones laborales de los policías del país. En el caso de Guerrero, se informó que el 52% de los policías de esa entidad manifestaron que han tenido que pagar de su bolsillo su uniforme y 53%, su calzado. Apenas el 52% dijo contar con seguridad social completa, y menos del 16% dijeron contar con fondos para su retiro. El 80% afirmaron nunca haber recibido un ascenso.
El organismo ciudadano precisó que en Michoacán las autoridades locales no autorizaron la aplicación de la encuesta: “No es escondiendo los problemas, como vamos a solucionarlos”, señaló.
En el panel se comentó que uno de los mayores dramas que enfrentan las policías del país es el de los oficiales asesinados. Guerrero es uno de los estados con un mayor número de casos: en 2018, sumó 26; en 2019, 47, y, en lo que va del 2020, 34. En cuanto a Michoacán, durante 2018 se registraron 16 asesinatos de policías; en 2019, 41; y, durante 2020, 25.
En su intervención, Ernesto López Portillo Vargas, coordinador programa Seguridad Ciudadana de la IBERO, lamentó los pocos resultados que se ha tenido en el mejoramiento de la seguridad del país a lo largo de varias décadas, por lo que planteó que, “a la luz de la cantidad de decisiones políticas que hacen que la policía y las fiscalías no tengan lo que deberían tener”, se puede concluir que “mantener en el debilitamiento a la policía es un proyecto político de mucha gente”.
En esta mesa de trabajo participaron David Portillo Menchaca, Secretario de Seguridad Pública de Guerrero; Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General de Guerrero; Israel Patrón Reyes, Secretario de Seguridad Pública de Michoacán; Adrián López Solís, Fiscal General de Michoacán; Ernesto López Portillo Vargas, coordinador programa Seguridad Ciudadana de la IBERO y José Alberto Guerrero Baena, Coordinador del Observatorio de la Guardia Nacional de Michoacán.
A manera de conclusión, María Elena Morera refirió que “lejos de una militarización que no puede disimularse con un cambio de uniformes, el reto es salvar, reconstruir y desarrollar a las policías estatales y municipales, a las fiscalías, y a los sistemas penitenciarios locales. Lejos del desmantelamiento de programas sociales y de la simple repartición de cheques, el reto es recuperar el crecimiento económico; recobrar la capacidad de las instituciones del Estado para atender y cuidar a los más vulnerables; y desarrollar políticas de prevención, que desactiven problemas que posteriormente se vuelven muy complejos y violentos, como muy bien sabe la gente de Guerrero y Michoacán”.
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