Empieza un año que será difícil para la democracia mexicana. La reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados sienta un importante precedente. Por primera vez, acudiremos a elecciones con leyes que no cuentan con el consenso de todas las fuerzas políticas y con una ciudadanía que se expresó en las calles y no fue tomada en cuenta. Pronto se empezará a extrañar al Instituto Nacional Electoral (INE) de los últimos 32 años, ya que 2023 será un año de mucha inestabilidad.

La polémica por la reforma electoral continuará con una gran cantidad de recursos jurídicos que mantendrán la incertidumbre sobre la definitividad de las leyes. Vendrán los amparos laborales por la posible violación de derechos de todas las personas que serán despedidas en el INE. El Tribunal Electoral tendrá que resolver múltiples recursos y la Corte recibirá múltiples procedimientos por actos de inconstitucionalidad. El propio Senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, mencionó que había 21 casos de inconstitucionalidad en lo que se llamó “Plan B”, que fueron votados sin enmienda alguna, bajo la premisa de no ofender la voluntad presidencial. Mientras todo se resuelve, prevalecerá la incertidumbre jurídica.

Para el INE la situación será muy difícil. El tiempo para realizar su reestructuración no podía ser más inapropiado. En menos de tres meses, la Cámara de Diputados tendrá que elegir a cuatro integrantes del Consejo General, incluyendo su Presidente o Presidenta y tres consejeros más. Adicionalmente, la nueva integración deberá nombrar al nuevo Secretario Ejecutivo de la institución y a todos los directores ejecutivos, responsables directos de operar la organización de las elecciones y de las tareas de arbitraje en la competencia entre los partidos políticos. Por si fuera poco, la reestructura del Servicio Profesional Electoral implica redactar un nuevo estatuto que regule las relaciones laborales de prácticamente todos los trabajadores del INE. Por su parte, los órganos locales electorales tendrán que hacer su propia reestructura y también despedirán a parte de su personal.

Es importante recordar que este enero inician los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Pero, además, la elección de 2024 será más grande y compleja que la de 2021. Ese año se elegirá Presidente de la República, Senado, Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en las 32 entidades federativas. A diferencia de 2021, la elección no contará, ni en el INE ni en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), con los recursos y el personal que daban garantías de que las cosas salieran bien. Seguramente, se otorgarán menos recursos al INE de los que se ejercieron en 2018, sin embargo, habrá que observar los cambios en la calidad de la elección.

Por todo esto, 2023 será un año de incertidumbre para la democracia. Faltan muchos procesos por definir y preguntas por responder. En particular, será importante empezar a analizar cómo se realizarán las elecciones en los municipios. A nivel de las entidades federativas, en 2024 no solo se eligen nueve gubernaturas, sino también los Congresos locales de todo el país y mil 803 presidencias municipales. Al coincidir con las elecciones federales, el papel del INE y de los OPLES será muy relevante. Los retos a vencer no serán menores.

Por lo demás, 2023 será también un año de lucha en los partidos por la definición de las candidaturas presidenciales. Con las nuevas normas, las llamadas “corcholatas” iniciarán batallas por su posicionamiento y por estar lo más arriba en las encuestas. También en ese sentido habrá incertidumbre, al igual que la persistente duda sobre la capacidad de la oposición para unirse en una sola candidatura. En todo caso, antes de pensar en quién ganará, hoy es tiempo de pensar sobre qué credibilidad tendrá el ganador, con las nuevas leyes y las instituciones debilitadas.  

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)