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Acciones legislativas contra la especulación inmobiliaria

   

En el país existe un déficit de entre 7 y 8 millones de viviendas; mientras que el acceso a ese derecho se complica por el elevado costo de los inmuebles, el cual aumenta, en parte, por la intervención de especuladores

 

►Por Isaías Ocampo
FOTO: CORTESÍA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LILIA AGUILAR GIL

Como en cualquier contexto económico, el precio de un producto varía de acuerdo con la oferta y la demanda, por ello, entre más personas quieran habitar en ciertas zonas de una ciudad, los precios serán más elevados, un fenómeno en el que interviene la especulación inmobiliaria.

Generalmente, la especulación inmobiliaria ocurre cuando el inversionista o un grupo de ellos adquiere inmuebles o terrenos baratos en zonas alejadas de las ciudades o poblaciones, con el objetivo de venderlas a un precio elevado al pensar que la población, y por consiguiente los servicios públicos, aumentarán en algunos años.

Una de las razones para atacar la especulación es que provoca un aumento del costo de la vivienda día con día, asegura en entrevista la Diputada federal, Lilia Aguilar Gil, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. “Es una oferta y demanda creada porque la especulación inmobiliaria ha llevado a encarecer el suelo y las viviendas, en la lógica de un mercado que está básicamente generando una burbuja especulativa inmobiliaria”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilia Aguilar
Gil.
Maestra en Administración Pública por la Harvard University, John F. Kennedy School of Government. Se ha desempeñado como Diputada local en
la LXI Legislatura del Congreso de Chihuahua y como Titular de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales en la Secretaría de Gobernación (Segob). Es Fundadora y Presidenta honorífica de Cibre A. C.

 

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN MÉXICO

En nuestro país existe un rezago habitacional de 45 por ciento, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “y se identifican desigualdades claras en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y acceso a servicios”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el país requiere más de ocho millones de viviendas, según la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, donde se señala, además, que el principal motivo de rentar una vivienda es por no tener acceso a un crédito o no tener recursos económicos para comprar una casa.

Al respecto, la Diputada Lilia Aguilar explica que con la desaparición del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), los créditos y el financiamiento para el nivel social disminuyó, y si los estados estaban acostumbrados a tener el apoyo de dicho fondo, “entonces resulta que no hay acceso a la vivienda por parte de los institutos de vivienda y como consecuencia es complicado adquirir un patrimonio”.

INICIATIVA CONTRA LA ESPECULACIÓN

Señalar a la especulación inmobiliaria como un delito sería la salida más fácil, advierte Lilia Aguilar Gil, por ello, la legisladora asegura que se está construyendo una iniciativa que promueva sistemas donde cueste más especular que la especulación misma. “Estamos creando mecanismos como tasas progresivas para las viviendas abandonadas en la lógica de la especulación, sobre todo en los centros históricos; estamos creando el predial progresivo, que tiene que ver con viviendas abandonadas donde aumente progresivamente el predial mientras tengan accesibilidad para utilizarse”.

En el tema de derechos sobre la especulación, la Diputada federal refiere que serían sobre la plusvalía que se vaya generando. “Es decir, tú tienes un predio campestre, que sucede mucho en la zona de la península de Yucatán, y empiezas a generar especulación, además del impuesto sobre la renta, deberás pagar un derecho al estado por la generación de especulación”.

Otra iniciativa para combatir la especulación inmobiliaria es la modificación, ya aprobada, del Artículo 4º constitucional, donde se señala que la vivienda no solamente debe ser digna y decorosa, sino que también debe ser adecuada y contar con todos los servicios básicos.

“Lo primero es ofrecer servicios en zonas de especulación que están fuera de la cuidad, porque lo que hacen los especuladores es tomar ciertas zonas de las ciudades alejadas del centro urbano y empiezan a venderlas a sobreprecio; los presidentes municipales no deben caer en la trampa de desarrollarles y llevarles servicios cuando ya las acapararon, porque con ello fortalecen la especulación.”

“Lo segundo es identificar esas viviendas que están generando especulación, algo que ya aprobamos en la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado; necesitamos hacer un levantamiento de cuáles son las viviendas que están vacías y que tienen dueños, que están ahí solamente para especular. Debemos tener un inventario de esas viviendas porque eso no existe en el país”, asegura la legisladora.

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

La Diputada Aguilar Gil advierte que la especulación no podría darse sin la complicidad de algunas autoridades municipales, principalmente en las áreas de desarrollo urbano, licencias de construcción y servicios.

Por ello, la legisladora recomienda que las oficinas de desarrollo urbano tengan claridad sobre las ofertas de predios y desarrollos que pretenden vender terrenos comunales o ejidales como urbanos. “Eso es un delito y está en la lógica de los alcaldes poder identificarlos y castigarlos”.

Por otra parte, la Diputada impulsa una iniciativa de primera vivienda para jóvenes a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además de proponer que los recursos de dicho fondo puedan utilizarse también para renta, “sobre todo para los jóvenes que fueron víctimas de la Reforma Laboral de 2012, para lo cual estamos modificando el Artículo 123, a fin de que esto sea posible”.