El proceso electoral 2023-2024 ha iniciado con muchos de sus procesos adelantados y con gran activismo por parte de los actores políticos. Hoy sabemos, fuera de tiempo y de definiciones formales, que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum serán candidatas a la Presidencia y que una de ellas dos triunfará en la elección del próximo 2 de junio. Sin embargo, aún habrá que esperar al cumplimiento de la formalidad de todos los procesos. De hecho, hasta finales de febrero próximo, dentro de cinco meses, tendremos certeza plena sobre quiénes integrarán las candidaturas a la Presidencia de la República, incluyendo las posibles candidaturas independientes.

Mientras tanto, la experiencia de los procesos que realizaron el Frente Amplio por México y Morena para designar a quienes encabezan sus proyectos empieza a ser replicada en algunas entidades de la República donde se elegirán gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Una vez más, estos procesos están adelantados a las fechas marcadas en el calendario electoral, pero legitimados por las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral. Octubre será escenario para este tipo de procedimientos que, seguramente, serán distintos en cada entidad, pero que concentrarán la atención de la opinión pública.

Por otro lado, también durante octubre, seremos testigos de muchos eventos que realizarán las aún aspirantes a una candidatura presidencial. Claudia Sheinbaum está en pleno recorrido por todo el país y Xóchitl Gálvez no perderá oportunidad para posicionarse en cualquier espacio que le permita dar a conocer sus ideas. El reto fundamental para ellas dos será no incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña para evitar las sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). En este sentido, uno de los aspectos fundamentales a cuidar será la transparencia en el uso de sus recursos. El tema no es mayor, pues la autoridad electoral ha dictado medidas muy pertinentes para dar seguimiento puntual a las actividades de ambas contendientes y de todos los que aspiren a una candidatura. De hecho, el 2 de octubre, ambas aspirantes debieron presentar ante la Comisión de Fiscalización del INE su informe sobre los recursos ingresados y erogados durante el proceso interno de sus partidos. El propio INE determinará la validez de sus informes y emitirá las sanciones correspondientes, si fuera el caso.

Adicionalmente, durante este y los siguientes meses, proliferarán las quejas y denuncias que los partidos intercambiarán para emitir acusaciones mutuas sobre posibles actos anticipados ilegales, mal uso de propaganda, violación a los lineamientos emitidos por el INE, e incluso posible uso de recursos públicos. Al adelantarse los tiempos electorales es más fácil emitir todo tipo de reclamos por las actividades de los partidos, pues, aun con el permiso del Tribunal Electoral, se está actuando fuera de los tiempos previstos en la ley.

Por lo tanto, durante octubre experimentaremos una probada de lo que será la intensidad de las campañas presidenciales. Una vez más, las autoridades electorales estarán permanentemente a prueba de detener o permitir eventos que podrían dañar la equidad en la competencia electoral o la legalidad del proceso en su conjunto. Sin duda alguna, para la próxima contienda presidencial de 2030 será necesario contar con un marco legal fortalecido, que establezca con mayor precisión la forma como los partidos deben tomar este tipo de decisiones y, en pocas palabras, lo que se puede y no hacer. Mientras tanto, la autoridad electoral deberá tener especial cuidado para no generar situaciones que pongan en riesgo la elección. Después de la experiencia de 2006, siempre es buen consejo imaginar la posibilidad de una elección cerrada en la que ambas partes se declaren ganadoras, y ante la cual la autoridad deberá brindar certeza.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)