Expediente Abierto

►Paridad de Género ♦ Reportaje

Altibajos de la paridad de género en los gobiernos locales

 

Para que exista un piso parejo entre hombres y mujeres en la asignación de puestos dentro de la administración pública es necesario impulsar políticas públicas que respondan a contextos específicos dentro de las propias instituciones

 

►Por Martha Palma Montes
FOTO: DREAMSTIME

El 6 de junio de 2019, entraron en vigor las reformas a 10 Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales establecieron el acceso de las mujeres a la mitad de los cargos de decisión en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

Sin embargo, el camino para lograr la paridad de género en las administraciones locales aún presenta altibajos, ya que, al cierre de 2019, de los dos mil 161 titulares al frente de las instituciones de las administraciones públicas estatales, 71 por ciento eran hombres y 24.7 por ciento mujeres, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020.

En el mismo periodo, de los dos millones 570 mil 443 servidores públicos adscritos a las dos mil 206 instituciones de las administraciones públicas estatales, 55.1 por ciento fueron mujeres y 44.9 por ciento hombres.

Al cierre de 2020, las presidencias municipales y alcaldías de la Ciudad de México estuvieron a cargo de mil 891 hombres (76.9 por ciento) y 568 mujeres (23.1 por ciento). La cantidad de mujeres presidentas o alcaldesas aumentó 10.9 por ciento en dos mil 459 municipios, respecto a 2018, según datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021.

Asimismo, los ayuntamientos y concejos se integraron por 20 mil 453 síndicos, regidores y concejales, de los cuales, 49.6 por ciento fueron hombres y 50.4 por ciento mujeres.

En el mismo periodo, de los 48 mil 37 titulares al frente de las instituciones de las administraciones públicas municipales, 67 por ciento fueron hombres y 31.1 por ciento mujeres. De acuerdo con la función de las instituciones, los hombres encabezan las áreas de seguridad pública o seguridad ciudadana, mientras que las mujeres lideran instituciones orientadas a la igualdad de género y/o derechos de las mujeres.

En la Administración Pública Federal, la participación de las mujeres se concentra en los puestos de menor rango y disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico, sin contar los puestos titulares de las secretarías.

Mientras que las mujeres ocupan 47 por ciento de los puestos de enlace, nivel de menor jerarquía, esta proporción se reduce a 33 por ciento en los puestos de mando superior, que incluyen a las subsecretarías de Estado, jefaturas de unidad y direcciones generales.

De acuerdo con la investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en los puestos titulares de las secretarías de Estado existe paridad de género, ya que la mitad de estos son ocupados por una mujer. Es decir, hay ocho secretarías encabezadas por una mujer: Bienestar, Cultura, Economía, Educación, Energía, Gobernación, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores. Por otra parte, los puestos de mando superior tienen menor participación de mujeres: subsecretarías (30 por ciento), jefaturas de unidad (28 por ciento) y direcciones generales (34 por ciento).

FOTO: DREAMSTIME

Los compadrazgos, las cargas domésticas y de cuidados, así como la falta de horarios laborales flexibles, son aspectos que impiden mayor participación de las mujeres en la administración pública

OBSTÁCULOS DE LA PARIDAD
En cualquier esfera de la administración pública las mujeres enfrentan dos fenómenos que los expertos en la materia denominan como el techo de cristal y el piso pegajoso.

El primero significa que es muy difícil para las mujeres acceder a puestos de decisión, porque están monopolizados por los hombres; el concepto alude a esta barrera que les impide avanzar a posiciones de más alto nivel. Mientras que el piso pegajoso hace referencia a la asignación de puestos con base en compadrazgos y no por méritos profesionales.

“Actualmente, quienes ocupan un cargo de elección popular, ya sean presidentes municipales o gobernadores, pueden decidir libremente a qué persona quitar o poner en su administración, esto representa una desventaja para las mujeres, porque los compadrazgos normalmente son entre varones”, señala Ana Elena Fierro Ferráez, doctora en derecho e investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Para contrarrestar el techo de cristal y el piso pegajoso, la académica propone un servicio civil de carrera mediante exámenes de oposición, a fin de crear una política de empleo público.

“El acceso a la administración pública tendría que ser por méritos y no porque conoces a fulano o ayudaste a mengano en la campaña, sino porque tienes el perfil, los conocimientos y experiencia para ocupar el puesto. Entonces, en las convocatorias de este servicio civil de carrera se puede exigir paridad de género en los nombramientos y garantías de permanencia en el empleo con responsabilidades claras y evaluación de desempeño.”

Fierro Ferráez añade otro obstáculo a vencer: las cargas domésticas y de cuidados hacia las mujeres, que, al ser mayores en comparación con los hombres, las hacen ver menos eficientes o dedicadas al trabajo, en cambio, los varones tienen la facilidad de quedarse más tiempo en la oficina, socializar o continuar preparándose académicamente, porque no son responsables de atender a los hijos o adultos mayores, tareas que tradicionalmente asumen las mujeres.

Cabe resaltar que la falta de horarios flexibles, del trabajo híbrido o desde casa, también impiden a las mujeres compaginar su vida personal con la laboral, comenta Fernanda García, Directora de Sociedad Incluyente del IMCO.

Asimismo, las instituciones replican los roles de género que generan estereotipos y resistencias para una mayor participación femenina en la administración pública, advierte Emma del Carmen Aguilar Pinto, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas.

“Por ejemplo, las instituciones que están a cargo de promover la igualdad de género en el país, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), solo han sido precedidas por mujeres; nunca hemos visto a un hombre en este cargo, es decir, estos roles sociales se siguen presentando en las instituciones a nivel federal, estatal y municipal.”

La investigadora considera que, si bien los ayuntamientos son las entidades más cercanas a la población, donde se supondría que es más fácil incorporar políticas de paridad de género, también son espacios donde existen relaciones muy tradicionales de mandato masculino, compadrazgos e incluso cacicazgos.

Por tanto, opina que un primer paso para garantizar la paridad es hacer visibles las brechas de género y la desigualdad laboral, especialmente en la titularidad de las instituciones y otros puestos de liderazgo. “Sí vemos avances en incorporar la paridad en cargos de elección popular, pero se ha descuidado el asignar plazas a mujeres en la administración pública de los tres niveles de gobierno”.

 

 

 

Fernanda García.

FOTO: CORTESÍA DEL IMCO

En ese sentido, Fernanda García coincide en la necesidad de transparentar y medir las brechas de género, a fin de identificarlas, monitorear los datos y, a partir de un diagnóstico, diseñar políticas dentro de las instituciones que impulsen la participación de las mujeres, con base en necesidades y contextos específicos.

Sin embargo, aumentar la presencia femenina en las esferas de la administración no garantiza el impulso a políticas de género, ya que las mujeres como grupo social tienen diversos intereses, advierte Aguilar Pinto.

“Si México llega a tener a una mujer titular del Ejecutivo Federal, lo ideal sería que no solo estuviera familiarizada con la perspectiva de género, sino que, además, su discurso abarque la igualdad sustantiva y, a su vez, la sociedad civil impulse una agenda de género a mediano y largo plazo”, concluye.