Tips de Gestión

Atención e inclusión de personas desplazadas, una tarea municipal

Aunque el desarrollo de políticas públicas para atender este fenómeno es competencia federal y estatal, los municipios pueden coadyuvar en la atención de las víctimas y mejorar su capacidad de respuesta ante esta situación

 

►Por Martha Palma Montes

El desplazamiento forzado interno surge cuando las personas son obligadas, de manera expresa o tácita, a dejar su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones a derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal.

En México, el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró que, entre 2015 y 2020, hubo 262 mil 411 personas que dejaron sus hogares y se mudaron de municipio a causa de la inseguridad y la violencia.

APOYO DEL ACNUR
Desde hace 10 años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brinda asistencia técnica a gobiernos estatales, en el desarrollo de leyes, reglamentos y protocolos de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno. También para fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos, a fin de que detecten los perfiles de las personas desplazadas en sus entidades.

La asistencia del organismo internacional incluye talleres sobre métodos de obtención y análisis de información, además de fomentar la coordinación entre gobierno y sociedad civil.

“En Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero tenemos convenios activos de colaboración para la formalización de estos convenios; pedimos voluntad política y que exista una estrategia de inclusión de las personas desplazadas en los municipios”, refiere Carolina Reyes, asociada principal de Protección de ACNUR.

Asegura que el objetivo del organismo es ser de utilidad en la protección de las personas desplazadas, compartir experiencias, herramientas y hacer un traje a la medida, según las necesidades y metas de los gobiernos subnacionales.

RECOMENDACIONES A MUNICIPIOS
Aun cuando el desarrollo de políticas públicas sobre el desplazamiento forzado interno es competencia federal y estatal, el ACNUR recomienda a los gobiernos municipales conocer qué está generando el desplazamiento, quiénes son las víctimas y su capacidad de respuesta ante el fenómeno.

“Con esta información se puede mapear el contexto local y pedir apoyo a los otros órdenes de gobierno, pero también es muy importante que los ayuntamientos respondan al llamado de los mecanismos de coordinación, se sumen a los espacios donde hablen del desplazamiento para que expongan la situación, y de forma conjunta, articulen una respuesta”, opina Carolina Reyes.

Asimismo, sugiere acrecentar la confianza y empatía con las personas desplazadas que lleguen al territorio, a fin de que las autoridades locales puedan recabar información sobre el contexto y perfiles de las víctimas. Además de crear espacios de convivencia, como parques públicos, que garanticen su inclusión en la comunidad de acogida.

“Es muy importante proveer a las personas desplazadas de servicios básicos, entender que su movilidad no es una carga, sino una oportunidad, porque aportan talento. Una forma de responder al fenómeno es buscar alianzas con la sociedad civil, entes federales, estatales y organismos internacionales; al final, las personas son ciudadanos del municipio y ahí los gobiernos locales se convierten en actores clave para la protección y la inclusión de esas personas”, agrega Josep Herreros, representante asistente para Protección de ACNUR.

 

Carolina Reyes.

FOTO: CORTESÍA ACNUR

 

Josep Herreros.

FOTO: CORTESÍA ACNUR

María Inés Pérez Corral.

FOTO: CORTESÍA SEBIDES

CASO SINALOA

El fenómeno de desplazamiento forzado interno está presente en Sinaloa desde 2012, actualmente, existe un registro de tres mil familias desplazadas, las cuales reciben atención directa por parte de las dependencias que conforman la mesa intersecretarial, la cual es presidida por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES).

Una de las principales políticas públicas de atención a las familias desplazadas en la entidad es la asignación de lotes para vivienda, provistos de los servicios de agua, luz y drenaje, principalmente en los municipios de Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Concordia y Mazatlán.

“Destinamos 53.7 hectáreas de terreno para este fin, hemos asignado más de 900 lotes y construido 60 viviendas. En 2022, el presupuesto ejercido en atención al desplazamiento forzado interno fue de 60 millones de pesos (mdp) y este año aumentó a 70 mdp, porque queremos seguir con esta atención inmediata, directa, las 24 horas del día, y solventar sus necesidades”, comenta María Inés Pérez Corral, titular de SEBIDES.

Refiere que la asistencia por parte de ACNUR consiste en dar capacitación a los funcionarios estatales y municipales para mantener vivo el registro de las familias desplazadas, y generar un protocolo y reglamento, con base en la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Sinaloa, expedida en 2020.

Adicionalmente, la dependencia tiene un plan piloto de retorno seguro y voluntario de víctimas de desplazamiento forzado interno para proporcionar vivienda digna en sus lugares de origen, así como acceso a salud, educación, empleo y transporte público.