A partir de la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996, las elecciones mexicanas motivaron gran interés por observar el desarrollo y organización de los procesos, especialmente por el gran incremento en el financiamiento público a los partidos políticos y por la expectativa de una mayor competitividad electoral. Muy pronto, los observadores dejaron de preocuparse por la organización de la elección, pues el IFE demostró tener la capacidad y habilidad para llevar a cabo los procesos sin mayores conflictos. La imparcialidad de la autoridad electoral garantizó la integración adecuada de las mesas directivas de casilla, el registro de representantes de partidos, el cómputo correcto y oportuno de los votos, etcétera. La percepción del fraude electoral había desaparecido y la atención se centraba ahora en el papel que desempeñaban los medios de comunicación en las campañas y el uso ilegal de recursos por parte de los candidatos y sus partidos.

Con todo, 10 años después de la importante reforma de 1996, la dinámica electoral enfrentó nuevos fenómenos, como procesos de precampaña aún no regulados en la ley, compra prolífica de promocionales en radio y televisión, antes y durante la campaña, y difusión sin límites de propaganda gubernamental, entre otros. Estos fenómenos y los resultados cerrados en la elección presidencial de 2006 derivaron en una reforma que buscó controlar el rol de los medios, llenar huecos legales y fortalecer al IFE con nuevas atribuciones, lo que le permitió mantener su prestigio como organizador imparcial de elecciones libres. Sin embargo, la fiscalización de los recursos de los partidos siguió generando polémica, pero no se dudaba de la capacidad técnica y la experiencia del IFE para organizar los comicios correctamente.

La reforma de 2014, que transformó al IFE en Instituto Nacional Electoral (INE), facilitó que la experiencia y calidad de las elecciones se extendiera a los procesos en las 32 entidades de la federación, al permitir que procesos como la capacitación de los funcionarios de casilla y la organización electoral estuvieran supervisados en los estados por el nuevo INE. Sin embargo, al igual que en 2006, la ley vigente tiene ya 10 años de haber sido emitida y nuevos fenómenos están fuera de la regulación legal. Ejemplo de lo anterior son las acciones afirmativas para grupos vulnerables que ha promovido el Tribunal Electoral y el propio INE, o los procesos internos de las coaliciones partidistas para seleccionar a sus candidatas fuera de los tiempos establecidos en la norma, pero avalados por el Tribunal Electoral.

Estos fenómenos y las características del actual proceso electoral vuelven a levantar el interés en la observación electoral, particularmente entre organizaciones de la sociedad civil. En esta elección los temas que más atraen la observación tienen que ver con la participación de funcionarios públicos en el proceso, en particular del Presidente de la República; el eventual uso de recursos públicos para favorecer a una candidatura; la fiscalización de los recursos partidistas, y el clima de violencia que se vive en varias entidades del país. Adicionalmente, ha crecido la preocupación por observar el desempeño de las autoridades electorales.

El súbito cambio en la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal y los desacuerdos manifiestos entre los integrantes del Consejo General del INE preocupan a muchos observadores, en especial por la falta de consenso para nombrar a funcionarios clave o las notas de prensa que alertan sobre posibles retrasos en las tareas de la Institución. Con todo, la fortaleza del INE reside en su Servicio Profesional Electoral, que garantiza el buen desarrollo de las tareas, pero la observación cuidadosa de cada parte del proceso y actividad permitirá evaluar adecuadamente esta elección.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)