Este mes terminan los primeros dos tercios del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Empiezan a ser evidentes algunas diferencias con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, aunque la herencia fue muy fuerte y el nuevo gobierno tiene que vivir con ella. En el análisis, no se puede partir de que haya ocurrido una “cuarta transformación”, pues los principales determinantes de nuestro sistema político siguen ahí, aunque la reforma al Poder Judicial podría tener consecuencias aún no definidas.

Durante estos meses, la Presidenta Sheinbaum dejó pasar oportunidades para consolidar su poder propio y diferenciarse del gobierno anterior. No se trataba de traicionar sus políticas, sino de establecer un proyecto propio de gobierno, con una visión democrática y con la fortaleza de una estadista. Había que usar sus mayorías en el Congreso, pero no abusar de ellas, para fortalecer el diálogo y la reconciliación. La negativa a encontrarse con la oposición, el no recibir a las madres buscadoras, la negativa a abrir nuevos espacios de diálogo y ceñirse a la ley en lo relativo a la elección del Poder Judicial, marcan la pauta de las tendencias autoritarias que heredó de López Obrador. Esas y otras oportunidades perdidas empiezan a ser uno de los sellos de su gobierno. La presidenta misma ha resentido en pocos meses el efecto de la mayoría morenista y algunas de sus iniciativas han sido modificadas sin su consentimiento.

Sin embargo, ocho meses muestran diferencias importantes con el gobierno anterior. En materia de seguridad no solo acabó con la infame política de “abrazos, no balazos”. Después del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es la primera vez que se delinea una estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada de una manera sistemática y con nuevas directrices. No se debe solo a la presión de Donald Trump, pareciera una lucha por combatir a los cárteles y al mismo tiempo establecer límites a cualquier autoridad que ampare o proteja a los delincuentes. Ocho meses son muy pocos para ver resultados y el reto sería convertir el caso del Rancho Izaguirre en un detonante de nuevas políticas, más que la continuación del encubrimiento y la desatención.

Por lo demás, las políticas fundamentales serán las mismas, pero quizá con un análisis técnico y logístico más profundo. Acabar con el desabasto de medicinas es un ejemplo, a pesar de los tropiezos de abril; la presidenta deberá darle contenido al “llegamos todas” y borrar la mancha que su partido y sus mujeres dejaron con la negativa de votar el desafuero a Cuauhtémoc Blanco Bravo; la serenidad en el manejo de la relación con Estados Unidos pareciera exitosa, pero los retos no desaparecerán; y quedan pendientes conflictos como el de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El problema consiste en que los logros de la Presidenta durante los primeros ocho meses no son muy presumibles ante importantes sectores de la población. Por ejemplo, acabó con los organismos autónomos, en especial con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), lo que representa una negativa del gobierno a transparentar su información, sobre todo porque la mayoría morenista ensanchó las causales para mantener reservados muchos datos en manos de los funcionarios públicos. Lo mismo ocurre con la reforma judicial y la organización de la elección de las personas juzgadoras el próximo 1 de junio. Independientemente de las dificultades que sigue y seguirá enfrentando la elección, la polémica sobre la conveniencia de esa decisión continúa. El nivel de participación del electorado será una buena señal al respecto.

Durante mayo empezaremos a vivir los efectos de los aranceles de Trump en la economía nacional. En todo caso, se requerirán recursos para mantener las políticas sociales y consolidar un proyecto sólido de gobierno. Sobre el carácter democrático o autoritario del régimen, hablaremos en otra entrega.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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