Enroque Político

Hablar de la corrupción en México y hablar de la erradicación de la misma es un tema complejo que nos atañe desde tiempos remotos, que, sin duda, a mi parecer, no ha dejado de crecer por ser parte de una cultura mal aprendida y una salida fácil a la obtención de un resultado por parte de los servidores públicos cuando desempeñan su cargo.

Nuestro deber como especialistas es dar a conocer y hacer entender a los mismos servidores que es factible la oportunidad de realizar una función correcta de su cargo, erradicando la cultura de la corrupción, donde los ciudadanos, en un cierto grado, alientan a que dichos servidores incurran y cometan actos indebidos, con la convicción de dar un incentivo o remuneración por la gestión de algún trámite, por la obtención de una licitación, el beneficio de alguna obra, conseguir algún trabajo o llegar a un puesto deseado.

Es por eso que es importante señalar que un servidor público federal, estatal o municipal, que desconoce el poder de su cargo y la importancia de la toma de una decisión para ejercer su función, puede llegar a generar muchos problemas, ya que es una cadena de errores que empieza con simples faltas administrativas contempladas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la entidad donde se encuentren, lo que puede llevar a cometer delitos previstos y sancionados en el Código Penal Federal.

Esto da como resultado el ser juzgados y castigados con alguna multa o purgar una condena en prisión, según sea el caso en concreto y particular para cada funcionario.

Así, debemos concientizar a la sociedad y a los propios servidores que los actos de corrupción trascienden a delitos que son de carácter público, y que serán perseguidos de oficio, tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal.

Son delitos provocados por la corrupción, de los cuales, la mayor parte de la población está harta y cansada; de esos actos y faltas que cometen dichos agentes, dejando de lado el código de ética que debería de existir.

Estos delitos cometidos por los servidores públicos son el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición, uso ilícito de atribuciones y facultades, los pagos y recibos indebidos de remuneraciones.

Lo anterior se refiere a la gran cantidad de delitos en los que pueden incurrir los distintos funcionarios, empleados y todas las personas que desempeñan su cargo o están designados a comisiones en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo o Judicial; también de la Federación, de algún estado o un municipio, así como en los organismos constitucionales autónomos.

Se deben atender estas situaciones para evitar un maltrato a todos los gobernados o incurrir en malas acciones.

En conclusión, debemos saber que contamos con un sistema jurídico dispuesto a ser utilizado para sancionar las malas prácticas de nuestros funcionarios, tratando de prevenir y evitar que puedan volver a suceder, por medio de la denuncia a través de los distintos medios.

* Este artículo fue elaborado en colaboración con Ángela Aidé Colmenares Pacheco, Abogada Junior en Martínez Ocampo & Chávez Vaca, SC. 
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*Abogado postulante en derecho penal acusatorio. Cuenta con especialidad en concursos mercantiles, delitos fiscales y derecho penal por la Escuela Libre de Derecho. Contacto: 55-7155-2011 / [email protected] / @AbogadoOcampo