Expediente Abierto

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En México existen miles de gobiernos: un gobierno federal, 31 gobiernos estatales, 2 mil 467 gobiernos municipales, un gobierno de la Ciudad de México y 16 alcaldías.

Desde hace décadas se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que dichas administraciones concentran la mayor parte de la recaudación en el Gobierno Federal. Es decir, los gobiernos estatales y municipales renunciaron a sus potestades tributarias en favor de la Federación para que actuase como único súper-recaudador.

La recaudación no es tarea fácil. Requirió de décadas de aprendizaje y desarrollo de tecnología. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) registra a los entes públicos y privados obligados a presentar declaraciones y estima la cantidad de impuestos que se deben pagar en cada eslabón de la cadena productiva. A los ingresos por conceptos de impuestos, incluyendo un alto porcentaje de los recursos petroleros, además de otros ingresos explicados en el Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo llamaremos Recaudación Federal Participable (RFP).

La RFP se establece cada año como estimado en la Ley de Ingresos federal, y con base en fórmulas establecidas, en la Ley de Coordinación Fiscal se determinan los montos de recursos que se transferirán a los gobiernos estatales y municipales por concepto de los ramos 28 y 33. Las proporciones ya están establecidas, pero lo que cambia cada año es la RFP. La recaudación puede caer o aumentar por varios motivos: cuando se privatizaron los energéticos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la RFP cayó porque la producción de Pemex se detuvo, se condonaron miles de millones de pesos a empresas trasnacionales, entre otros elementos que debilitaron tanto a la RFP como al gasto federalizado.

Los municipios reciben pocos recursos en comparación con lo que se queda la Federación o los estados. Ahora, los recursos del gasto federalizado por programas y fondos federales deben ser reintegrados a la Federación al final del año si no fueron utilizados en ese ejercicio fiscal. En otras palabras, es ilegal que los estados o municipios retengan recursos cuyo ejercicio no esté comprobado cada año en la cuenta pública o los informes de avances trimestrales. En este sentido, lejos de fortalecer sus finanzas, existen candados para que los estados y municipios “vivan al día”. ¿Qué opciones les quedan?

Por una parte, sí es correcto que comencemos a pensar en nuevos arreglos fiscales e incluso en un nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, o al menos en reformas que aumenten la proporción de recursos transferidos a los municipios. En ese mismo punto, debemos mejorar el ejercicio del gasto en municipios: enfocar en invertir en las localidades con mayor marginación y no solamente en las cabeceras municipales. Necesitamos desconcentrar los recursos hacia las localidades pequeñas, las rancherías y los pequeños poblados.

En otro punto, la única forma de obtener ahorro será con recursos propios, y para ello, los municipios deben comenzar a recaudar o mejorar sus sistemas de tributación local. Por supuesto que es una medida impopular, pero necesaria. Se deben generar recursos propios a partir de la tributación local mediante el cobro de impuestos o la obtención de productos, derechos y aprovechamientos permitidos ante la ley. La opción de esperar mayores transferencias de recursos por parte de la Federación ya no es viable.

Debemos transitar a un esquema de fortalecimiento de las finanzas municipales con visión sustentable: generar recursos, administrar el dinero con transparencia, ahorrar e invertir en mejores condiciones para los ciudadanos.

*Profesor Investigador de El Colegio de Tamaulipas.