En España, la progresividad y experiencia adquirida en la aplicación del compliance en el sector público ha sido gradual; comenzó en 1995, en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

La adopción de técnicas de cumplimiento normativo en el sector público parecía cada vez más lejana, sin embargo, con el paso de los años, la sociedad registró como ejemplo su implementación en el sector privado y exigió mecanismos cada vez más rigurosos de control para las instituciones.

El compliance se convirtió en una tendencia que abrió paso a la exigencia de estrategias contundentes para regir, optimizar y hacer más eficiente el actuar de las organizaciones.

Hoy en día, las políticas de integridad institucional son una petición de la ciudadanía ante la crisis de legitimidad que experimentan algunas instituciones públicas, sobre todo en aquellas donde se han suscitado problemas de corrupción derivados de las problemáticas económicas que enfrentan algunos países.

Los incentivos de mercado que impulsan al sector privado a adoptar un sistema de cumplimiento normativo, pueden encontrar un homólogo en el sector público con buenos resultados, por ejemplo, la credibilidad en las instituciones públicas, el costo reputacional que impacta directamente en la economía y en la administración pública, así como empatía política. De esa manera, la implementación del compliance gubernamental fue tomando forma en el país ibérico.

La filosofía española respecto a la aplicación de los programas de cumplimiento en el sector público fue tajante y no fue precisamente para reducir o prevenir la lucha contra la corrupción, sino para mejorar la gestión pública, en términos de calidad de servicios y de racionalización económica financiera.

Existe una demostrada correlación entre la calidad democrática de los gobiernos y el desarrollo económico, en el entendido de que una práctica corrupta de los gobiernos provoca un desarrollo económico lento o nulo.

Por ello, es necesario innovar desde la raíz, comenzar con un cambio, aplicar mecanismos en aras de hacer lo correcto, aunque no se encuentre establecido en la ley, con una finalidad muy clara: demostrar a la sociedad que se hará un cambio para garantizar un gobierno eficiente, transparente y que dé resultados.

Abogado postulante en derecho penal acusatorio. Cuenta con especialidad en concursos mercantiles, delitos fiscales y derecho penal por la Escuela Libre de Derecho. Contacto: 55-7155-2011 / [email protected] / @AbogadoOcampo