Expediente Abierto

►Integridad Pública

Compliance para funcionarios íntegros

 

En el contexto del actual proceso electoral es necesario conocer las estrategias para implementar un sistema de cumplimiento normativo que evite actos de corrupción y opacidad

 

 

►Por Redacción Alcaldes de México
FOTOS: ROSALÍA MORALES

Durante el seminario virtual “Compliance para Personas Políticamente Expuestas (PEP)”, organizado por la revista Alcaldes de México en conjunto con el despacho Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, S. C., se dio a conocer cómo identificar y eliminar factores de riesgo para funcionarios públicos y candidatos.

Durante la sesión se abordaron temas como blindaje electoral, para evitar la corrupción en campañas; Sistema de Integridad Personal para servidores públicos; vigilancia, prevención y detección de riesgos en cargos relacionados con contrataciones públicas (licitaciones o asignación directa), manejo de información reservada o confidencial, manejo de fondos o valores, autorizaciones, concesiones, licencias o permisos, auditorías y fiscalizaciones.

Marco Chávez Vaca, Socio Director de Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, S. C., señaló que, en el caso de las PEP, los delitos pueden llevarse a cabo por acciones o por omisiones, es decir, “por hacer algo que la ley no permite o por dejar de hacer algo que es obligatorio”.

Un tema relevante para servidores públicos o candidatos, agregó, es que la carga de la prueba la llevan todos los ciudadanos que tienen exposición a cualquier operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), por lo que tienen la obligación de probar de dónde obtuvieron esos recursos.

Por su parte, Héctor Contreras, abogado senior del despacho Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, indicó que las PEP se pueden clasificar en tres categorías: extranjeros (cumplen o se les han confiado funciones públicas prominentes en otro país), domésticos (cumplen o se les han confiado funciones públicas prominentes internamente) y organizaciones internacionales (cumplen o a se les han confiado funciones prominentes por una organización internacional).

Asimismo, expuso, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las PEP se exponen a riesgos de tipo legal, reputacional y económico. “En ocasiones, los servidores públicos tienen un estilo de vida ostentoso que no concuerda con lo que reportan ante Hacienda. Es decir, se está cometiendo un delito, sin importar que los recursos o bienes estén en cuentas de familiares o de personas cercanas, se incurre en una práctica ilegal, ya que se encuentran bajo el concepto de ‘relacionado’ a PEP. El beneficiario final es quien toma la decisión a nombre del allegado”.

La gestión de riesgo de las PEP se divide en tres ejes de atención: Sistema de Integridad Personal, Herramientas de Prevención y Estrategias para la Toma de Decisiones. “El primer análisis se hace sobre el patrimonio; debe estar vinculado a la situación financiera y estilo de vida de la persona. El tema presupuestario es fundamental porque es de donde vienen todos los temas de desviación de recursos. Y quien no tiene una política y un proceso definido para el ejercicio de sus funciones, tiene el riesgo de no poder probar su inocencia.”

En su intervención, Jorge Martínez Ocampo, Socio Director de Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, S. C., compartió que el despacho ha diseñado servicios especializados para candidatos.
“Analizamos antecedentes de riesgos, por ejemplo, identificar en forma precisa la procedencia de los recursos que se van a inyectar a las campañas. Creamos y controlamos equipos de trabajo de los políticos en campaña, sin la necesidad de contratar una investigación formal”, expone.

En cuanto a servicios especializados para gobiernos locales, puntualizó Jorge Martínez, el despacho ha elaborado programas de Compliance y de operaciones de unidades de cumplimiento, de Gobierno Corporativo, de revisiones del ejercicio de presupuestos, así como asesoría especializada para el desahogo de auditorías y capacitación a funcionarios en puestos clave de las administraciones locales, además de un programa para la mejora de trámites y servicios de alto impacto en los municipios.