Durante septiembre se generaron importantes debates entre los principales actores políticos del país. No solo fue el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la presentación del Cuarto Informe de Gobierno o la celebración de las fiestas patrias, sino también se avanzó en la toma de decisiones sobre temas políticamente sensibles, que hicieron reflexionar sobre el futuro político que tendrá el país y las premisas sobre las que se tomarán las decisiones en nuestra vida institucional.

El debate en la SCJN sobre la Prisión Preventiva Oficiosa abrió una triple reflexión: por un lado, había que definir si la Corte tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución o si esa tarea le corresponde al Poder Legislativo. Por otro lado, el debate también hizo pensar en cómo deberían defenderse los derechos humanos en México, y en especial el peso de los tratados internacionales sobre nuestra normatividad. Adicionalmente, el debate estuvo rodeado de presiones reconocidas por el Presidente de la República a los ministros de la Corte, al grado de aceptar que se había equivocado al proponer sus nombres para ocupar dicho puesto. Este tipo de debates, más allá de las decisiones tomadas, tocan fibras sensibles de los principios y valores sobre los que se determina la política de seguridad en relación con el respeto a los derechos humanos, en su proyección a las realidades que se presentan en el siglo XXI.

Algo similar ocurre con el debate que tuvo lugar en el Congreso, relacionado con la administración, conducción y mando de la Guardia Nacional. La militarización de un país es un proceso largo y complejo que no se consuma con una reforma legal. El problema es la percepción sobre el efecto posible de otorgar a las fuerzas armadas tantas funciones, con el presupuesto que requieren en tan poco tiempo. Pero en la base de la reflexión está la definición sobre el rol que deben desempeñar las fuerzas armadas en el país, con los procesos adecuados de rendición de cuentas y con los controles civiles correspondientes.

En el camino, estos y otros debates afectaron las estrategias de los partidos políticos, en especial de la oposición, justamente cuando se acercan decisiones complejas, tanto en el Congreso de la Unión como en la arena electoral. En la Cámara de Diputados la oposición, unida o no, deberá dar una batalla importante en relación con la definición del presupuesto que se aprobará para el ejercicio 2023. Es evidente que para el Presidente de la República será muy importante contar con los recursos necesarios para terminar sus grandes proyectos a tiempo con una inflación creciente, y con menos de dos años para lograrlo. Esto podría significar nuevos recortes en áreas que la oposición buscaría proteger, por ejemplo, el incremento del gasto para salud y educación, además de los recursos que requerirá el INE.

Adicionalmente, las candidaturas para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila deberán ser definidas por la oposición en el marco de una coalición electoral entre el PRI, el PAN y el PRD o cada partido por su lado. La unidad de la alianza no está consolidada y en medio de todo se debatirá en el Congreso la posibilidad de realizar o no una reforma electoral. Al empezar octubre, los escenarios para la oposición no son claros y los retos son muy grandes.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)