El camino desafiante hacia la seguridad y paz social

La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD), vigente desde enero de 2012, establece las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios del país, con base en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, la prevención del delito se puede entender como una tarea fundamental de los tres órdenes de gobierno, con la particularidad de que se requiere de la participación social para alcanzar los objetivos en la materia.

Tal como lo señala la LGPSVD, esta materia requiere de un “conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan”.

El reto no es menor, ya que los mexicanos estamos expuestos a una tendencia al alza de delitos, de los cuales, los de mayor incremento, de 2022 a 2023, fueron el homicidio doloso, feminicidios, extorsión, violencia familiar, narcomenudeo y trata de personas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, hay que señalar que, en México, se ubican 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo, advierte un reporte reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El organismo señala que, a lo largo de 16 ediciones anuales del ranking de Las 50 ciudades más violentas del mundo, en 10 ocasiones una ciudad mexicana ha encabezado la lista; en la edición de 2023, Colima fue ubicada como la urbe más violenta del mundo, con 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Para contrarrestar esta dramática realidad existen mecanismos, como el Modelo Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que buscan establecer los elementos mínimos para homologar la organización y operación de la política de prevención social a nivel municipal, y así avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la LGPSVD y, sobre todo, garantizar la seguridad y la paz en las comunidades.

En este número resaltamos las estrategias necesarias para que los gobiernos locales, en conjunto con la sociedad, puedan contrarrestar y prevenir el delito y la violencia desde el ámbito municipal.

El panorama de violencia también es un factor que está afectando el desarrollo del proceso electoral en diversas localidades del país y es un elemento que pone en riesgo la validez de la jornada electoral; esa y otras amenazas de nulidad electoral nos explican expertos en la materia.

También, en cuanto a organización política de las comunidades, abordamos la evolución que han tenido los Sistemas Normativos Indígenas Internos, los cuales rigen los estatutos por los que se guía la vida en comunidad de 424 municipios del país.

Por otra parte, las grandes urbes se enfrentan a fenómenos como la gentrificación que, si bien no puede frenarse y causa el desplazamiento de habitantes originarios en diversas zonas de las ciudades, sí es posible ejercer acciones gubernamentales para regularla. Otro reto de grandes dimensiones es la escasez de agua, algo que requiere una atención urgente y que será responsabilidad de los próximos gobiernos que serán electos este año.

Que disfrute la lectura de estos y otros temas que complementan este número.

Los editores.