Enroque Político

Las regulaciones europeas e iberoamericanas que rigen los sistemas de cumplimiento normativo para el sector privado se han implementando poco a poco en Latinoamérica, sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes debido a que las organizaciones no recurren a expertos, abogados de profesión, que los orienten en un área tan especializada del derecho.

Países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Chile, Brasil, México, Perú y Argentina, en donde se acepta la responsabilidad penal de las empresas, ofrecen incentivos importantes para que éstas se autorregulen y administren para evitar la comisión de delitos, mediante programas de cumplimiento o prevención de la criminalidad empresarial, como una opción para mitigar el riesgo patrimonial, legal y reputacional.

En algunas naciones de América Latina, los altos niveles de informalidad y corrupción pública son una realidad que conspira contra la eficacia de un sistema general de prevención del riesgo penal, lo que nos lleva a preguntar: ¿cuál es la capacidad de rendimiento del compliance en contextos especialmente caóticos, de debilidad institucional, pública y privada?

No parece que la respuesta se pueda esbozar con la ayuda del Derecho Penal, la pregunta parece devolvernos al terreno de la criminología del control social, pues la capacidad y rendimiento de un sistema de compliance puede llegarse a poner en duda si se piensa, por ejemplo, en que una empresa como Siemens, incapaz de cometer actos de corrupción en Alemania, sí lo hizo fuera de la Unión Europea, o que Volkswagen, pese a sus altos sistemas de cumplimiento, y tras haber enfrentado en su historia acusaciones especialmente graves, como el uso de prisioneros en sus fábricas durante el nacional socialismo, últimamente se vio envuelta en el famoso caso del software anticontrol de emisiones.

Ambos casos demuestran cómo el contexto y la corrupción en instituciones públicas, permea en las organizaciones privadas.

Si existieran sistemas normativos de autorregulación en el sector público, la corrupción comenzaría a erradicarse como una reacción en cadena, de ahí que, para algunos expertos penalistas, el compliance sea la gran solución frente a la criminalidad gubernamental.

En los últimos años nuestro país se ha visto inmerso en graves problemas de corrupción con una nula política por parte del Estado mexicano, sin embargo, existen municipios que han comenzado a autorregularse, mostrando resultados positivos a raíz de la implementación de buenas prácticas y políticas anticorrupción.

De tal manera que lo ideal es comenzar a fomentar la idea de la autorregulación e implementación del compliance gubernamental en las administraciones que entrarán en funciones después de los comicios de junio.

*Abogado postulante en derecho penal acusatorio. Cuenta con especialidad en concursos mercantiles, delitos fiscales y derecho penal por la Escuela Libre de Derecho. Contacto: 55-7155-2011 / [email protected] / @AbogadoOcampo