El día de hoy, nos enfocaremos en analizar uno de los delitos más recurrentes en la administración pública y con mayor grado de incidencia en México. A raíz de la denuncia y los medios de comunicación y su alcance, salen a la luz las malas prácticas de todos los servidores públicos, su falta de compromiso a la hora de realizar su trabajo y desempeñar su función, dando malos resultados y creando una incertidumbre social junto con una credibilidad nula en nuestras instituciones, heredando mala fama periodo tras periodo.

Con base en lo anterior, trataré de explicar la relación de un servidor público con su responsabilidad ante un delito, donde su actuar imparcial, tomando ventaja de la posición donde se encuentra, busca como objetivo un lucro o una ganancia indebida para acrecer su riqueza, patrimonio personal o, simplemente, acumular favores que serían utilizados más adelante, y así tener una ventaja que no debería existir.

El Código Penal Federal, en su Artículo 220, señala que cometerá el delito de ejercicio abusivo de sus funciones aquel servidor público que, en el desempeño de su cargo, otorgue indebidamente, ya sea él o alguna otra persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, así como también llegue a efectuar compras o ventas, o realice cualquier acto jurídico que le produzca beneficios económicos a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa.

Asimismo, el servidor público que, valiéndose del cargo que ostenta o el lugar que ocupa, brinde o divulgue la información que posea por alguna razón, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público; o que él o una tercera persona realice inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido.

Hacer estas prácticas repugnantes para una sociedad harta y cansada de los malos manejos, de los actos repetitivos y constantes, es cometer nuevamente, mediante el abuso en su cargo o función, un poder injusto otorgado por los ciudadanos o el propio Estado en contra de toda la nación, ya que como resultado se están violando los derechos de cada individuo y el interés público o interés general, que podría comprender la fidelidad, la integridad y la continuidad en la prestación de los servicios públicos.

Es por eso que debemos erradicar estas malas prácticas por medio de la prevención y la rendición de cuentas, empleando nuevos mecanismos que tenemos como sugerencia para las administraciones entrantes, apoyándolos y llevándolos de la mano en la modernización del sistema, blindando la gestión de cada servidor y ayudando a que cada día pasen menos estas situaciones, para devolverle a los gobernados la credibilidad en las instituciones y la confianza en los individuos que las integran; sin duda, es un tema complejo y una labor sumamente difícil, pero debemos entender que la única solución es trabajando cada día con lo que nos corresponda.