Las elecciones de seis gobernadores durante la primera semana de junio constituirán un parteaguas en el desarrollo del sexenio. Más allá de los resultados, ésta era la última escala antes de que la política se enfile abiertamente a la lucha por la sucesión presidencial de 2024. Para Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hace tiempo que el Presidente López Obrador abrió la contienda, y sin pudor alguno, los precandidatos se preparan, están a la vista y ni Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López ocultan sus propósitos. Por parte de la oposición, sigue reinando una gran incógnita y se ven pocos movimientos.

Con todo, la preparación de la elección presidencial pasará también por la aduana de la reforma electoral. Como lo había anunciado el Presidente López Obrador, después de la Revocación de Mandato (que ya casi nadie recuerda), presentó su iniciativa de reforma constitucional para transformar el sistema electoral mexicano. Por su contenido, las reacciones no se hicieron esperar y la oposición externó su rechazo a las propuestas, a su vez, analistas, exconsejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) y académicos hicieron ver la inconveniencia de ese tipo de reformas.

Lo cierto es que el Presidente interrumpió la tradición iniciada en 1977, cuando Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación de José López Portillo, realizó una serie de consultas públicas con todas las fuerzas políticas para configurar la reforma político-electoral de entonces. A partir de ese momento, cada reforma electoral se propuso con el consenso de todos los partidos, incluyendo la de 2014 que transformó al IFE en INE. Esta vez se trata de una propuesta redactada exclusivamente por la Presidencia, sin consulta alguna y con manifestaciones en contra de los avances que había mencionado el Presidente en sus “mañaneras”. Tal fue el caso de la propuesta de que los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral fueran nombrados a partir de elecciones abiertas.

El debate se intensificará durante este mes, pues la intención es que en septiembre próximo se realicen los cambios constitucionales. Si la propuesta prospera, lo cual parece poco posible, las elecciones locales de junio serían las últimas en las que operarían los Organismos Públicos Locales (OPLE), pues en adelante, la organización de las elecciones en todo el país, locales y federales, estaría a cargo del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

Más allá de los detalles, la iniciativa deja ver dos grandes problemas: (1) reformas que reducen la capacidad técnica organizativa del actual INE para mantener la calidad de los procesos electorales y la limpieza de la elección; y (2) la carencia de una perspectiva de largo aliento hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En el primer caso, la propuesta privilegia la austeridad sobre la eficiencia y la experiencia, propone eliminar la estructura distrital del actual INE y con ello destroza la fortaleza del Servicio Profesional Electoral, garantía de la imparcialidad. Se propone que los órganos distritales sean temporales, como si la experiencia de la organización y capacitación se pudieran improvisar en cada elección. Además, se rompe la cadena de producción que actualmente permite la entrega oportuna de las credenciales para votar con fotografía. Este es solo un ejemplo de las consecuencias de una propuesta hecha desde el escritorio. En el segundo caso, no se prefiguran reformas que fortalezcan la democracia participativa o mejores mecanismos para perfeccionar los procedimientos electorales en su conjunto. Solo se propone el voto electrónico, sin un modelo claro y objetivos precisos para realizarlo.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)