Se terminaron cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este diciembre inician los últimos 22 meses de su gobierno. La agenda parece estar suficientemente definida para los principales actores y no hay ningún síntoma de que el gobierno variará sus posiciones y prioridades en lo más mínimo. Continuarán las obras para tratar de terminar el Tren Maya; lo mismo ocurrirá en Dos Bocas, con la esperanza de que, antes de terminar el sexenio, se haya refinado al menos un barril de petróleo; y continuarán los trabajos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con la intención de que se regularice un número suficiente de vuelos para desahogar el Benito Juárez. Si todo continúa como parece, el gobierno se endeudará para mantener vigentes sus programas sociales, con el ánimo de mantener su prestigio, a pesar de que el crecimiento económico podría seguir muy restringido y la inflación siga golpeando el bolsillo de los mexicanos.

Pero el gobierno tiene una agenda paralela que no acaba de cumplir sus objetivos y requiere de mucho esfuerzo. Se trata de ganar las elecciones de 2023 y 2024. Para ello se pusieron como premisa acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE), tal como lo conocimos en los años de la construcción de elecciones libres, transparentes y sin fraudes. La pretensión va más allá de aprobar o no una reforma constitucional o legal. Se busca cambiar sus procedimientos, incidir en los nombramientos de quienes dirigen a las autoridades electorales y construir condiciones para que el o los partidos mayoritarios controlen los procesos.

En ese sentido, más allá de los cambios legales, la agenda sigue muy cargada. Al momento de escribir estas líneas, la propuesta es que se le recorten al INE, aproximadamente, 4 mil 500 millones de pesos de su propuesta presupuestal original. Si eso ocurre, iniciará una vez más el debate sobre las condiciones en las que el INE tendría que trabajar en un año con dos elecciones locales y con cuatro meses de actividades para el proceso electoral presidencial. Ese ya no es un golpe contra Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, pues dejarán sus cargos el 3 de abril del próximo año y no ejercerán dicho presupuesto. Es parte de una estrategia que parte de premisas erróneas, como creer que, al bajar salarios, también bajará el costo de la Credencial para Votar, la impresión de las boletas o la capacitación a los funcionarios de casilla.

El siguiente punto de la agenda es el inicio, en enero próximo, de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México, cuyos institutos estatales electorales sufrirán, una vez más, de sus propios recortes presupuestales. Recordemos que la elección será el domingo 4 de junio de 2023 y estará de por medio una reñida campaña electoral.

En el camino, quizá la aduana más importante será en abril, por la selección de las cuatro
personalidades que sustituirán a los consejeros que culminarán su encargo a principios del mismo mes, incluyendo la Presidencia del Consejo General. El proceso es complejo y habrá que esperar a ver si se modifican los procedimientos previstos. En todo caso, tendría que conformarse un comité de selección que recibiría las solicitudes ciudadanas, integraría las quintetas para que la Cámara de Diputados seleccione a una persona de cada una de ellas. Claro, todo, siempre y cuando la propia Cámara de Diputados emita la convocatoria correspondiente. Eso no debería estar en duda, pero ahora no se puede confiar en cómo se comportará la mayoría, en el contexto de crítica permanente al INE por parte del gobierno.

Como se puede ver, la agenda política seguirá muy cargada y las controversias no serán menores. Así será la última etapa de este gobierno y el año nuevo deparará muchas sorpresas. Habrá que estar atentos. Por lo pronto, deseo a todos los lectores de Alcaldes de México, lo mejor para 2023.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)