Durante las últimas semanas de agosto, terminó el proceso electoral de este año, no sin sorpresas que involucraron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La crisis en el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral sacó a la luz un debate interno que va desde las formas y tratos que el anterior Presidente del Tribunal, José Luis Vargas, ofrecía a sus pares hasta las diferencias en las estrategias para tratar de retrasar o cambiar sentencias en las que el Presidente no coincidía con la mayoría de los magistrados. El hecho fue que José Luis Vargas perdió la confianza de sus compañeros, y en lugar de renunciar, complicó las cosas y generó una crisis de una semana.

Más allá del anecdotario, lo importante fue que, en pleno fin del proceso electoral, las instituciones mantuvieron su vigencia y se mostró la fuerza de los acuerdos políticos para mantener el desahogo de los procedimientos electorales en tiempo y forma. Por eso no fue necesario adoptar las salidas oportunistas y revanchistas que se inclinaban, por ejemplo, por la renuncia de todos los magistrados y el cambio completo de la Sala Superior.

La crisis, aunque pasajera, abrió la puerta para que el Presidente López Obrador planteara una vez más la “urgencia” de una reforma electoral, pues, a su decir, no confía ni en los magistrados del Tribunal ni en los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Es más, cuando el Ministro Presidente de la Corte anunció que no aceptaría extender su mandato por dos años más, el Presidente también externó su desconfianza de los ministros la Suprema Corte. El debate sobre la reforma electoral empezará por definir la agenda y la construcción de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas. Los principales temas que se mencionan para reformar a las instituciones electorales requieren de modificaciones a la Constitución y para ello se requiere de un número de votos que el Presidente y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no tienen, dada la pluralidad en la nueva Cámara de Diputados.

Al finalizar el proceso electoral, además de integrarse la nueva Cámara de Diputados, se iniciará pronto el cambio de poderes en varios estados de la República. A finales de agosto, tomó posesión de su cargo la nueva Gobernadora de Tlaxcala, y durante septiembre lo harán las y los gobernadores de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. De igual forma, durante los próximos meses cambiarán las administraciones de casi todos los municipios del país y 30 congresos locales iniciarán sus actividades. La atención pasará del análisis de los procesos electorales a la expectativa de cambio que ofrecieron las nuevas autoridades locales. Será hora de empezar a discutir los nuevos presupuestos y proyectos para los municipios, y la construcción de los nuevos equilibrios políticos entre congresos y gobernadores. Los escenarios son diferentes a los de hace tres años. El Covid-19 hace una diferencia importante.

Por lo pronto, la Consulta Popular ha quedado atrás, sin pena ni gloria y sin que, hasta el momento de la redacción de estas líneas, haya ocurrido absolutamente nada. Habrá que esperar a que se integren, como se anunció, comisiones de la verdad o que el Presidente encuentre las bases para enjuiciar a los expresidentes de México. No parece haber mucho ánimo al respecto. Y como los asuntos electorales no se detienen, en algunos estados el ambiente político empezará a calentarse pronto, pues durante septiembre y octubre iniciarán los procesos electorales para la elección de gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Después de un complejo proceso electoral, retornamos a la realidad de la política cotidiana, con nuevas autoridades y muchas expectativas por delante. Por lo pronto, felices fiestas patrias con sana distancia.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)