Desde la época prehispánica, las ciudades mexicanas han sido planeadas y han evolucionado de acuerdo con los elementos de las distintas corrientes del urbanismo en Europa y América. La inherente relación que existe entre la planificación de las ciudades y la toma de decisiones de las administraciones públicas en el poder es evidente desde entonces, aunque en la actualidad se ha vuelto más visible.

A mediados del siglo XX pudiera considerarse el inicio de lo que denominamos la Planeación Institucional en México. El año 1976 marcaría un parteaguas con la Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas.

En México, la reforma constitucional de los artículos 27, 73 y 115 sentaría las bases del desarrollo urbano hasta la actualidad. Estas reformas incluían temas de la propiedad y los límites de la tierra; cambiaba la jurisdicción del Congreso para emitir leyes y planes orientados al mejoramiento de las ciudades y, sobre todo, facultaba a los estados y municipios sobre la regulación en materia urbanística de sus territorios.

De acuerdo con el abogado urbanista Antonio Azuela: “La planeación se convirtió en la herramienta tecnológica más ambiciosa del Estado moderno”.

Con la creación del Sistema Nacional de Planeación y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dieron pie al origen de los primeros Institutos Municipales de Planeación (IMPLANES) en México; el de León, Guanajuato, en 1994, y el de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1995.

La esencia original de los institutos se basa en el éxito que tuvo Curitiba, en Brasil, al ser una ciudad ordenada y planeada desde su origen. A raíz de esta experiencia y con base en las reformas del momento, los IMPLANES fueron concebidos como organismos descentralizados del gobierno local, de tal forma que su función tuviera una perspectiva neutra y pudieran abogar por los intereses públicos sobre los privados. Bajo esta premisa, los IMPLANES son la innovación más importante en materia de administración pública en México.

La relación entre el gobierno y este tipo de organismos es inevitable, porque la toma de decisiones de la ciudad debe tomarse en conjunto. A pesar de que la mayoría de las ciudades mexicanas no cuentan con un IMPLAN, en la actualidad se impulsa la creación de estos organismos para que se generen los instrumentos y la normatividad, acorde con los planteamientos internacionales de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es importante aclarar que la función de los institutos no es ser la contraparte del gobierno local ni mucho menos un organismo de crítica, sino que deben ser instituciones que vengan a fortalecer y ordenar el quehacer del gobierno sobre el territorio.

La capacidad que tienen depende de la voluntad política de la administración en turno, sin embargo, como bien lo dijo Azuela, un Instituto de Planeación que puede ejercer sus funciones es una herramienta eficaz para la toma de decisiones y, por lo tanto, el peso político que conlleva es enorme.

En este sentido, la relación debe consolidarse y actualizarse con un enfoque de gobernanza, no obstante, precisamente, este es el reto, lograr que la participación social permita que en la toma de decisiones se concilien los intereses, y a través de la unión de esfuerzos, se cumplan los objetivos validados por la sociedad, y respaldados por los institutos y el gobierno local.

*Maestro en Administración de la Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción de la Ciudad de México y doctor por El Colegio de Chihuahua. Actualmente es Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.