La frase atribuida al penalista alemán Franz Von Lizst: “Societas Delinquere Non Potest”, la cual establecía que las sociedades no pueden delinquir, en la actualidad no forma parte del sistema penal mexicano, debido a que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, una persona colectiva (persona moral o empresa) ya puede ser penalmente responsable, lo cual las obliga a implementar sistemas que mitiguen riesgos de incumplimiento normativo.

Hace años, la adopción del compliance como herramienta de cumplimiento en las empresas parecía imposible; con el tiempo y la obligación legal eso cambió. Hoy toca el turno al sector público. Adoptar en forma generalizada el compliance gubernamental es un paso inminente ante el riesgo de responsabilidad penal en que pueden incurrir empresas paraestatales y otras instituciones de orden público.

Como ejemplo está el caso de España, donde las instituciones públicas ya pueden ser penalmente responsables. Igual que en el país europeo y en Estados Unidos, en México ya es necesario adoptar el compliance para el sector público. En aquellas naciones el compliance gubernamental inviste a los funcionarios públicos de integridad, lealtad y legalidad.

La corrupción y el soborno están entre los principales fenómenos sociales que se pretende erradicar; sin embargo, en México los gobiernos municipales, estatales y el federal no han avanzado en este tema, debido a que no se ha prestado la atención suficiente.Una de las acciones clave que se debe implementar para dar un paso adelante en la lucha contra la corrupción y la ilegalidad, es promover los valores del cumplimiento regulatorio.

Los entes públicos deben operar con un conjunto de mecanismos perfectamente diseñados para cumplir en forma precisa con la normatividad vigente y asegurar el comportamiento ético de las instituciones. Es preciso que las instituciones públicas gestionen los riesgos administrativos y penales a los que están expuestas, que fomenten la promoción de la legalidad e integridad, y que investiguen exhaustivamente y apliquen sanciones, administrativas o penales, ante todo acto de corrupción o faltas a la conducta.

En México, el sector empresarial ha avanzado —y lo hace cada vez más— en la adopción del compliance, como un instrumento serio que da resultados.

Si está siendo benéfico en el sector privado, lo ideal es que se implemente en el sector público, para que los distintos niveles de gobierno estén dotados de instrumentos que permitan que, día a día, la corrupción se vaya erradicando y que la ética sea un valor que haga ver que en verdad todo va a cambiar. Como he indicado en publicaciones previas, hemos llegado a un punto en el que debemos impulsar cambios para que nuestro país se convierta en el que realmente queremos que sea.

El compliance gubernamental hará que los funcionarios públicos sean reflexivos y críticos. Para ello, igual que en las empresas, se deben explotar todas las capacidades de esta herramienta, cuidando que no quede en una implementación parcial que pudiera entenderse como una lamentable simulación. El objetivo es que realmente se ponga en marcha, no que solo parezca que se adoptó.

Los mexicanos hoy queremos que el cambio sea para bien, que el quehacer público sea transparente y que la corrupción sea sólo un antecedente histórico en nuestro país.

* Abogado postulante en Derecho Penal Acusatorio. Cuenta con especialidad en concursos mercantiles, delitos fiscales y derecho penal por la Escuela Libre de Derecho. Contacto: 55-7155-2011 / [email protected] / @AbogadoOcampo