Los recursos de procedencia ilícita distorsionan los negocios y configuran un delito llamado ordinariamente “lavado de dinero”. Su uso menoscaba y trasgrede la integridad de las instituciones y los sistemas financieros; afecta la economía del país, deteriora el erario y genera deuda que se arrastra año tras año, viéndonos afectados todos y cada uno de los gobernados. También, desalienta la inversión nacional y extranjera y distorsiona los flujos internacionales de capital, además de que amalgama dinero lícito con ilícito, lo que hace difícil su detección.

Debemos entender que la violencia y el descontrol generado por el crimen organizado es vinculado a múltiples actividades ilegales hechas por agentes externos, pero también internos, que hacen las cosas de manera ilícita desde los escritorios de entidades gubernamentales, amparándose por algún cargo público o fuero que les es conferido por la propia ciudadanía, el cual tiene fecha de caducidad y un término cierto, lo que hace que busquen el enriquecimiento de manera ilícita a costa de sus malos manejos, inclusive cobrando vidas diariamente, rompiendo con los lazos sociales a través de la búsqueda de una riqueza rápida.

El aspecto de la propia vinculación de este delito a la corrupción y a la impunidad con la delincuencia organizada y las operaciones con recursos de procedencia ilícita hacen que, tanto servidores públicos como del sector privado, especialmente en las áreas de finanzas, así como las empresas paraestatales y estatales, se vean obligados a estar en constante vigilancia, se creen nuevas instituciones a modo de prevención y se adopten nuevas áreas jurídicas para contribuir con la ciudadanía.

Es ahí donde entramos nosotros, debemos poner nuestro granito de arena, contribuyendo como expertos en la materia de blindaje, prevención y combate a la corrupción para coadyuvar con las instituciones y tratar de prevenir los temas que, posteriormente, a nuestro país le causan tanto daño, ya que hablamos de una mala imagen para la gobernabilidad de un estado, pérdidas inconmensurables de recursos públicos que son colocados en las bolsas de algunos funcionarios, la falta de credibilidad en nuestras instituciones y el castigo a muy pocos funcionarios que no regresan todo el mal que hacen con las actividades que desempeñaron; porque hablar de detrimento a la economía por estos delitos, es hablar de las cantidades millonarias que genera la economía ilegal y que son un golpe directo a la dignidad del pueblo mexicano.

Para entender algunos de los motivos del fracaso contra el lavado de dinero es importante reconocer que aún existe una colusión entre jueces con el crimen organizado, así como la inexperiencia en materia penal de las anteriores administraciones en las distintas entidades, como la de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las fiscalías o la corrupción dentro del Ministerio Público.

Los datos duros arrojan que más de 23 exgobernadores están bajo la mira por presunta corrupción, malos manejos o desvió de recursos, con situaciones jurídicas nada favorables, como son juicios políticos, permanecer prófugos, ser detenidos, procesados o vigilados por las autoridades, y esto solo a nivel federal. También existen presidentes municipales y funcionarios que, por una mala prevención y/o no contar con vigilancia o un sistema integral, han pasado por lo mismo, pero, sin duda, confío que con nuestra ayuda estas prácticas se reducirán en una medida considerable para devolver al pueblo mexicano la seguridad que tanto ha buscado.