La investigadora Andrea Larios Campos, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, describe perfectamente el significado del presupuesto destinado a la igualdad entre mujeres y hombres:

“…el Anexo 13 continúa la tendencia de etiquetar programas sociales que a menudo se utilizan de manera clientelar, sin incorporar una perspectiva de género ni indicadores para medir el cierre de las brechas de desigualdad de género. En lugar de promover la igualdad y la reducción de la violencia contra las mujeres, los aumentos presupuestarios en el Anexo 13 parecen ocultar el desmantelamiento de programas e instituciones que realmente tienen impacto significativo en la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.”

Así ha sido desde hace más de 12 años y se multiplicó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Añadiría, el presupuesto público para la igualdad entre mujeres y hombres es el disfraz para fingir que las mujeres son tema de política pública y, también, para ejercer recursos que impactan directamente en la promoción del voto a favor de Morena.

Más allá, dado que los congresos y gobiernos estatales, en muchos casos, no han trabajado para replantear y configurar sus presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres, replican el modelo federal sin cuestionamientos.

En este sexenio, el presupuesto público destinado a reducir la desigualdad entre mujeres y hombres se ha entendido mal, es utilizado clientelarmente, no se ha modificado a favor de las mujeres y carece de los instrumentos para medir sus resultados.

Si bien, Morena y sus aliados imponen su mayoría en el Congreso de la Unión, resulta llamativo que las diputadas, especialmente de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, no cuestionen el presupuesto. La LXV Legislatura, que se califica como de la paridad, la inclusión y la diversidad, ha retrocedido muchos pasos en materia de combate a la desigualdad entre mujeres y hombres.

El presupuesto público para la igualdad entre mujeres y hombres, del gobierno de la República, está definido más en transferencias directas que en programas efectivos. Así, el Programa Bienestar (Ramo 20) incrementa sus recursos en 2024: de $208,024,225,863, de 2023, a $267,045,562,171.

Sucede lo mismo en el Ramo 20, Bienestar, donde la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores incrementa de $193,424,572,808, en 2023, a $251,774,136,022, en 2024. Al otorgarle la misma cantidad de recursos, la desigualdad entre mujeres y hombres permanece (inclusive, no sería extraño que las mujeres destinen esos recursos a apoyar a la familia, más que a ellas mismas).

Uno de los grandes problemas de la orientación del presupuesto público para la igualdad que proyecta el Gobierno Federal es que los gobiernos estatales replican los rubros y pocos de ellos salen del círculo, o los congresos locales lo cuestionan y modifican.

Como ya hemos escrito, si los recursos para la igualdad pueden tener impacto, deben evaluarse y reorientarse, de otra forma, solamente son buenas intenciones, engaños y pérdidas. El presupuesto a ejercerse en 2024, para la igualdad, repite los mismos errores e incongruencia de otros años.

*Asesor y consultor en política y políticas públicas, legislación e historia del Distrito Federal.