Enroque Político

El gasto público se compone de recursos materiales y financieros que los gobiernos federal, estatal y municipal emplean para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones. Gran parte de los recursos que componen este concepto son captados mediante el sistema tributario, en el cual, como ciudadanos, contribuimos.

El gasto público se destina a diversas áreas y tareas, como educación, infraestructura, salud, empleos y vivienda, entre otros. Por lo que su manejo debe realizarse de manera cuidadosa, transparente y con apego a derecho.

Las auditorías son las encargadas de vigilar, fiscalizar y controlar el uso de los recursos. Esto se traduce en que las erogaciones que hagan los estados, los municipios o la Federación correspondan con lo que se programó en el presupuesto, y de ser algo extraordinario, se rinda su debida justificación.

Actualmente, muchos estados y municipios son carentes de brindar un verdadero y eficaz acceso a la información en temas de gasto público o sus informes no se encuentran debidamente actualizados, esto ocasiona una evidente falta de transparencia y, desde luego, recae en el reflejo de un gobierno poco confiable.

Para mejorar esta situación, los municipios, estados y la Federación deben contar con mecanismos de vigilancia al gasto público que permitan con certeza saber cuál es su origen y destino. Además de las auditorías y leyes encaminadas a este fin, sería bueno pensar en un órgano de control que cuente con mayor autonomía para que sus tareas no puedan verse afectadas o mermadas por cuestiones políticas.

El compliance nos ofrece, entre sus diversas herramientas, un órgano debidamente regulado con tareas encaminadas a una adecuada vigilancia del gasto público, tales como asegurar que las erogaciones se hagan en concordancia con lo presentado en el presupuesto; se deberán llevar a cabo revisiones de cuenta, cada cierto tiempo y de preferencia por lapsos cortos.

Y, por último, las autoridades deberán ofrecer un acceso a esta información pública de manera oportuna y actualizada. Un gobierno con estas herramientas proyectará transparencia y confianza a la ciudadanía.

 

* Este artículo fue elaborado en colaboración con Ángela Aidé Colmenares Pacheco, Abogada Junior en Martínez Ocampo & Chávez Vaca, SC. 
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*Abogado postulante en derecho penal acusatorio. Cuenta con especialidad en concursos mercantiles, delitos fiscales y derecho penal por la Escuela Libre de Derecho. Contacto: 55-7155-2011 / [email protected] / @AbogadoOcampo