Expediente Abierto
►Justicia Cívica
Mediar y dialogar, base de la Justicia Cívica
Cambiar la visión punitiva de las faltas administrativas hacia una restaurativa inhibe conductas delictivas, aseguran especialistas
►Por Martha Palma Montes
FOTO: DREAMSTIME
En agosto de 2017, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.
El objetivo del modelo es pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas a la incorporación de una visión de Justicia Cívica que facilita y mejora la convivencia en una comunidad y evita que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Este modelo transita de una visión punitiva a una restaurativa, porque busca reparar el daño causado y reconciliar a las partes afectadas, aborda las causas subyacentes de las faltas administrativas y trabaja en soluciones colaborativas, previniendo comportamientos repetitivos, ya que establece que el infractor acuda a terapias cognitivas, a fin de modificar su conducta y reconocer el daño social que provoca, además de recibir un seguimiento adecuado que vincule a sus familiares en el proceso.
Cabe mencionar que la construcción del Modelo Homologado de Justicia Cívica se realizó desde los municipios para considerar la realidad local, así como diferentes modelos de funcionamiento de los Juzgados Cívicos en el país.
Asimismo, fueron publicadas cuatro guías de Implementación de la Justicia Cívica, en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
En el marco del Entendimiento Bicentenario de cooperación bilateral en materia de seguridad, entre México y Estados Unidos, la USAID da asistencia técnica a 32 municipios, a fin de mejorar y adaptar la Justicia Cívica.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colabora con 453 municipios en la implementación del modelo, específicamente en modificar o desarrollar un Reglamento de Justicia Cívica que contribuya a construir la paz en las comunidades.
RETOS DE ADAPTACIÓN
Para ejecutar el modelo, los ayuntamientos necesitan adecuar los espacios físicos, a fin de que el infractor acuda ante el Juez de Justicia Cívica, quien a su vez debe ser una persona preparada con habilidades específicas.
Estos espacios requieren salvaguardar la transparencia y la oralidad mediante una videograbación de las audiencias.
Asimismo, la formación de policías de proximidad conlleva mil 80 horas de academia, incluyendo prácticas ante la comunidad, con la intención de generar confianza, como señala el modelo.
“Recomendamos a los municipios trabajar en paralelo en la formación de los policías de proximidad y en modificar la normatividad acorde con el Modelo Homologado de Justicia Cívica. Brindar al policía todas las herramientas necesarias y, a la par, tener todo el sistema de jueces”, refiere Fernando Tiscareño Luján, Secretario Ejecutivo Adjunto y Encargado de Despacho del SESNSP.
También, invita a los alcaldes a acercarse a la dependencia, a fin de recibir el acompañamiento y asesoría de expertos durante todo el proceso de implementación del modelo, el cual no requiere de grandes sumas de inversión.
Otro aspecto a considerar es generar esquemas de coordinación y vinculación con instituciones públicas y privadas, que puedan recibir a los infractores, de acuerdo con el perfil de riesgo y la sentencia del Juez cívico, esto a su vez, garantiza la continuidad y solidez del modelo, comenta Rubén Monroy Luna, Gerente del Programa de Prevención del Crimen y Violencia de la USAID.
“Detectamos tres retos que deben superar los municipios para implementar el modelo, el primero, voluntad política; segundo, aceptar el cambio de procesos dentro de las instituciones y ser sensibles a estos, y el tercer reto es el uso adecuado de herramientas para el tamizaje de los infractores y evaluación de riesgos.”
En ese sentido, explica que la USAID hace planes de asistencia técnica especializados para cada municipio, de acuerdo con sus dinámicas de violencia y necesidades, como es la capacitación a policías, simulaciones de audiencias y reglamentos para pueblos originarios.
Adicionalmente, otorga preparación policial en prevención del delito y crea esquemas de coordinación con las fiscalías, con el objetivo de establecer comunicación y confianza entre estas y las autoridades municipales.
CASO SALTILLO
La Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo atiende los conflictos vecinales con 200 elementos especializados y certificados en Justicia Cívica, a fin de mediar y prevenir que las conductas escalen a hechos delictivos.
Asimismo, la dependencia promueve certificaciones enfocadas en mediación, que otorga el Poder Judicial a los policías, con la intención de aplicar procedimientos y redactar acuerdos por escrito entre los quejosos, sin necesidad de acudir ante un Juez.
“Situaciones como el incumplimiento de estos acuerdos o agresiones verbales ameritan una audiencia en los juzgados cívicos, donde la prioridad es el diálogo entre las partes para alcanzar un consenso y restaurar el daño”, explica Erika Karina García Jasso, titular de la Unidad de Justicia Cívica de la Comisaría municipal.
Este año, el proyecto es crear comités vecinales mediadores, capacitados y certificados por elementos especializados de la Unidad de Justicia Cívica, en desarticular conflictos mediante la empatía y la escucha activa, agrega la funcionaria.
“Estamos trabajando por una cultura de paz en el municipio de Saltillo, que la gente pueda conocer el Modelo Homologado de Justicia Cívica y se dé la oportunidad de participar en estos procedimientos de mediación”, concluye.
Rubén Monroy Luna.
FOTO: CORTESÍA DE LA USAID
Fernando Tiscareño Luján.
FOTO: CORTESÍA DEL SESNSP
Erika Karina García Jasso.
FOTO: CORTESÍA DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE SALTILLO