Al redactar estas líneas, pareciera que hay certeza en dos temas para el proceso electoral del año entrante: (1) El “Plan B” no estará vigente en la elección, pues su aplicación sería prácticamente imposible, y (2) el Presidente estableció un nuevo tono en la relación con el Instituto Nacional Electoral (INE), al reunirse con la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y sus colegas del Consejo General.

En principio son buenas noticias, pues el proceso electoral empezará durante la primera semana de septiembre y el INE enfoca ya sus actividades a la preparación de las elecciones. Con todo el tema central, estos meses serán los procesos de selección de las candidaturas de los partidos y coaliciones, no solo para la Presidencia de la República, sino también para las nueve gubernaturas que se disputarán y para integrar el Congreso de la Unión. El problema está en que, hasta ahora, la atención mediática y las actividades políticas están centradas en la encuesta que realizará Morena durante los primeros días de septiembre, lo que ya generó reacciones negativas por parte de la oposición.

Uno de los problemas de la elección de 2006 consistió en que la ley no preveía nada en relación con las precampañas, por ello los partidos hicieron su propio proceso de selección sin intervención del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y para evitar que alguna fuerza política se posicionara antes del inicio formal de las campañas, el Consejo General de entonces acordó establecer la llamada “tregua de diciembre”, en la que los candidatos ya seleccionados por los partidos no podrían realizar actos de proselitismo. El problema era que la ley no establecía ni los tiempos en que debían realizarse las precampañas ni la fiscalización del origen de los recursos que podrían invertirse, y tampoco espacios de radio y televisión para los precandidatos ni la obligación de respetar los topes de precampaña. Para dar claridad a esos procedimientos se reformó la ley y se le dieron nuevas atribuciones al IFE. Con las nuevas normas, el IFE y el INE operaron los procesos electorales presidenciales de 2012 y de 2018.

El partido Morena parece estar dispuesto a continuar con su proceso para seleccionar a su candidato a la Presidencia de la República, tal como lo acordó su Consejo Nacional el domingo 11 de junio, lo que generará quejas ante el INE y el Tribunal Electoral, por parte de los partidos de oposición. Ante ello, será necesario que se fijen criterios y procedimientos muy claros para brindar certeza a todos los actores políticos sobre lo que se puede o no hacer durante los meses anteriores al inicio formal de las precampañas.

De acuerdo con el Artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en una elección como la de 2024, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección y no podrán durar más de 60 días. Además, la ley establece que las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. El espíritu de la ley es muy claro: evitar inequidad en la competencia interna de los partidos y evitar inequidad en la competencia entre las diversas fuerzas políticas. Para ello, por ejemplo, se establecen topes de gastos de precampañas iguales para todos los precandidatos presidenciales.

A lo largo de los procesos electorales recientes, se han presentado situaciones parecidas a la estrategia que Morena está aplicando ahora. Asimismo, existen varios criterios sobre lo que son los actos anticipados de precampaña o de campaña y qué tipo de actividades se pueden o no realizar. Es hora de contar con definiciones claras y criterios certeros, aplicables a todos los partidos, para rescatar la equidad en la contienda de 2024. Tocará a las autoridades electorales, especialmente al Tribunal Electoral, ofrecer las definiciones oportunas sobre esta temática.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)