Nombramientos del INAI, el gran pendiente legislativo

►Por Isaías Ocampo
FOTO: GALO CAÑAS RODRÍGUEZ / CUARTOSCURO

En la sesión de la Comisión Permanente de la actual legislatura federal, celebrada el 13 de junio pasado, el Senador Ricardo Monreal Ávila, quien en dicha reunión legislativa solicitó licencia de su cargo para competir por la candidatura presidencial de Morena, aseguró que el Congreso de la Unión, desde 2018, ha aprobado 36 decretos de reformas constitucionales, de las cuales, 22 están en vigor y el resto se encuentra en revisión de los tribunales colegiados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

También señaló que se han generado 45 nuevas leyes, 39 de ellas vigentes y seis por ser aprobadas; además de la designación de más de dos mil 135 nombramientos de servidores públicos. Sin embargo, es este último uno de los temas que han despertado mayor preocupación, ya que se han quedado en el tintero más de 85 nombramientos pendientes en el Senado, señaló en esa misma sesión la Senadora Kenia López Rabadán.

Entre las designaciones que debe realizar el Senado, se encuentran los nombramientos de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que al cierre de esta edición lleva más de 440 días sin poder sesionar, acumulando un promedio de 484 asuntos sin resolver a la semana.

Sin embargo, desde el 31 de marzo de 2022, el INAI estuvo funcionando con cinco de los siete comisionados que deben integrarlo, y con la conclusión del cargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el organismo autónomo quedó imposibilitado para seguir sesionando al contar únicamente con cuatro comisionados.

UN TEMA FUNDAMENTAL
La designación de los comisionados del INAI llegó al final del segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura sin acuerdos, y con una sesión extraordinaria descartada para tratar el tema; será hasta el primer periodo de sesiones del último año de ejercicio legislativo actual cuando se resolverán los nombramientos, algo que debería ser prioritario ante el contexto electoral que se avecina, considera el abogado y consultor en temas electorales y constitucionales, Arturo Espinosa Silis.

“Me parece grave que haya tantos nombramientos que no se han hecho, no solo están los del INAI, que sin duda deberían ser prioritarios, porque también existe una buena cantidad de tribunales electorales que no están debidamente integrados”, indica el especialista.

En ese sentido, señala que, además, están pendientes los nombramientos de la Sala Regional del Tribunal Electoral, el de un magistrado de la Sala Especializada y dos más de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, es precisamente el panorama electoral lo que podría complicar el trabajo legislativo del último año de sesiones, advierte Arturo Espinosa, pues podría entrar en un “estancamiento porque todo va a tener una gran tónica electoral”, en la que el Poder Legislativo será uno de los principales protagonistas.

“El propio Presidente ya dijo que su partido no solo quiere ganar la presidencia, sino también ganar la mayoría en el legislativo para que le permita hacer las reformas constitucionales que tanto anhela; creo que el legislativo va a estar en el foco de la elección, pero va a tener poca actividad, irónicamente”, comenta el jurista.

LAS REFORMAS QUE NO FUERON
En el segundo año de sesiones de la LXV Legislatura los temas que más atención recibieron fueron las reformas que la mayoría oficialista impulsó en el Congreso de la Unión.

Una de dichas reformas fue a la Ley General de Comunicación Social que, primero, daba libertad a los funcionarios de gobierno para emitir logros u opiniones a favor de alguna administración pública o partido, para la cual fueron promovidas diversas acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, la cual resolvió procedentes dichos recursos y declaró la invalidez del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2022.

Al respecto, Arturo Espinosa considera que los legisladores, “sobre todo la mayoría que estaba aprobando estas leyes, ni siquiera las conoce ni mucho menos analiza el impacto que se tiene, simplemente aprueban”.

Agrega que “el trabajo legislativo se ha demeritado mucho como se vio en la Ley de Comunicación Social, que se publicó a finales del año pasado y poco después fue reformada; eso habla del terrible trabajo legislativo que han realizado”.

Y es que esta ley fue nuevamente reformada en abril de este año para establecer que sean las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México las que determinen su propio límite de gasto del Programa Anual de Comunicación Social, con lo que se elimina el límite de 0.1 por ciento que establece la ley vigente y cuya aplicación fue suspendida por la Corte.

De esta forma, el Artículo 26 de la citada ley, en su último párrafo, elimina el tope de gasto en Comunicación Social y lo deja a consideración de los gobiernos locales según las características de cada territorio.

Esta reforma era parte de la serie de reformas del llamado “Plan B” del Gobierno Federal en materia electoral, cuyo primer decreto fue invalidado por el máximo Tribunal de la nación, sin embargo, está pendiente el segundo decreto, “el cual tiene la mayor sustancia en cuanto a las elecciones y por cuestiones de certeza la Corte debe resolver a la brevedad”, explica Arturo Espinosa.

La segunda parte del “Plan B” es la que contiene modificaciones estructurales y presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF, además recorre el inicio del proceso electoral de septiembre a octubre próximo, sin embargo, todas esas reglas se encuentran suspendidas actualmente y podrían quedar resueltas en estas semanas.

En dicho contexto, Arturo Espinosa considera importante seguir de cerca el trabajo legislativo del siguiente periodo de sesiones ordinarias, que inicia en septiembre, “no hay que perderlo de vista, todavía tiene temas importantes, pero también creo que va a sufrir un abandono político por las propias elecciones”.