Participación ciudadana para prevención del delito

En San Luis Potosí, los integrantes de los comités de seguridad pública serán designados por los mismos vecinos, con base en la iniciativa de reforma de la ley en la materia

INTEGRACIÓN
Asimismo, la iniciativa señala que, para conformar los comités, la Junta emitirá una convocatoria y, de entre los interesados, nombrará a un mínimo de tres y un máximo de cinco ciudadanos, que no sean integrantes de la Junta.

En caso de que no se presenten postulantes, se podrá extender la convocatoria, en una segunda emisión, a delimitaciones contiguas de otras Juntas, con el propósito de integrar los comités con ciudadanos que tengan conocimiento de la problemática local.

Las atribuciones de los comités de seguridad pública serían asistir a las sesiones de la Junta, con derecho a voz, fungir como enlace con las autoridades en materia de seguridad, elaborar reportes y propuestas, aplicables a la territorialidad de la Junta, todo esto con fines de elaboración de acuerdos y canalización a las autoridades pertinentes.

“Estoy convencido de que la seguridad pública es uno de los problemas que más nos duele, tenemos que estar organizados como sociedad y por eso ponemos énfasis en que realmente se designe un comité al mes de que sean electas las Juntas, cuya vigencia es de tres años, a la par de los gobiernos municipales”, comenta el Diputado local.

COMITÉS MUNICIPALES Y ESTATAL DE SEGURIDAD
Con la intención de que los ciudadanos también participen dentro de los Comités Municipales de Seguridad Pública y el Comité Estatal, Guajardo Barrera presentó la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de San Luis Potosí.

“Si bien en estos cuerpos colegiados participan los presidentes municipales y el propio gobernador, a fin de planear la política en seguridad pública, con esta iniciativa busco que la ciudadanía aporte su experiencia en estos espacios y opine sobre las acciones que generen los gobiernos”, detalla.

Es así que la iniciativa señala que los comités deben integrarse por seis presidentes de las Juntas de Participación Ciudadana, dos representantes de asociaciones empresariales, dos representantes de instituciones educativas y dos representantes de organizaciones no gubernamentales, legalmente constituidas, de defensa de derechos humanos.

Asimismo, el documento propone que cada comité comience actividades a más tardar dos meses después del inicio del periodo lectivo del gobierno del estado y de los ayuntamientos, a fin de terminar a la par que dichos periodos. En el caso del gobierno del estado, se estipula que el comité debe renovarse después de pasados tres años de su instalación, siguiendo el procedimiento establecido por la ley.

“En esta legislatura trabajamos en acciones concretas que beneficien directamente a la ciudadanía, sobre todo en mecanismos de participación, para que puedan vincularse con los gobiernos en la toma de decisiones. En ese sentido, también presenté una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para que los comités de obras sean designados por la autoridad municipal o estatal, pero que la Junta de Participación Ciudadana dé el visto bueno, en su correcta ejecución.”

Recuerda, además, su iniciativa para asentar los datos de identificación del personal que aplique las pruebas de control y confianza y la propuesta para eliminar las lagunas legales que impedían dar de baja a los elementos de la policía municipal, estatal y de investigación que no aprobaran los exámenes.