Para las empresas en México, el compliance ha sido cuestionado continuamente. Tras la reforma del Código Penal, en 2016, su implementación es mayor en las empresas, lo cual debería extenderse a los entes gubernamentales, teniendo en cuenta que son una organización.

El compliance, cuyo origen se da en el mundo empresarial anglosajón, se ha implementado en todos los sectores de nuestro país, aunque lentamente, con una finalidad competitiva, organizacional y de una nueva generación de una cultura empresarial sólida. La concepción del compliance ha cambiado, y hoy, no nos limitamos al cumplimiento del Código Penal o de la normativa aplicable en cada organización, sino que concentramos nuestros esfuerzos en cumplir los compromisos adquiridos de forma voluntaria y en preservar la reputación a través de la prevención, la gobernanza y el fomento de comportamientos éticos que van más allá del simple cumplimiento de las legislaciones.

La crisis sanitaria por Covid-19 será la piedra angular y demostrará que el compliance tiene gran utilidad y, por ende, su viabilidad en el sector gubernamental puede llevar a ciertos servidores públicos a cuestionar la utilidad del compliance y su viabilidad en nuestro engranaje gubernamental.

Aseguro firmemente que el compliance será en el futuro un elemento clave para el éxito de los negocios en México, independientemente de su naturaleza y tamaño, que va desde la empresa transnacional hasta un cibercafé. Nos enfrentamos a una nueva forma de hacer negocios en la que primará la transparencia, la ética y el cumplimiento, que irán más allá de la ley y los valores que han aflorado en la sociedad.

La importancia de los modelos de prevención en materia gubernamental y su implementación de sistemas de gestión permiten el control sobre los riesgos y la mejora continua, fomentando el comportamiento ético y el cumplimiento de la ley.

Los municipios deben, sin duda, realizar un exhaustivo análisis del contexto que les rodea y actuar en consecuencia. Al día de hoy, ya podemos afirmar que los requisitos para contratar, tanto en el ámbito privado como en el público, se han endurecido en torno a la lucha contra la corrupción y, sobre todo, la comisión de delitos, la responsabilidad social gubernamental y la cultura de cumplimiento; los gobiernos se ven cada día más obligados a evidenciar sus buenas prácticas en el desarrollo del servicio público.

Por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, será difícil para cualquier gobierno en el futuro afrontar los daños reputacionales que puedan generarse, por ejemplo, a través de actos de corrupción, delitos fiscales o lavado de dinero, que son los delitos por los que son imputados los servidores públicos.

El compliance pasará a ser un instrumento de carácter estratégico para la planificación y desarrollo de la actividad de los gobiernos y empresas, y tendrá cada vez mayor importancia en la toma de decisiones de los servidores públicos líderes, que se apoyarán en los informes y recomendaciones emitidas por estos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad gubernamental y política y así preservar su reputación.