El primer mes de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó señales diversas que por lo pronto permiten ver un estilo diferente. Andrés Manuel López Obrador estableció usos y costumbres que difícilmente podría olvidar la primera mandataria, por lo que seguirán prácticas no propias de una estadista, como declarar abiertamente que no se reunirá con la oposición y solamente hablará con el pueblo. Al parecer, la Presidenta se olvida de que la Constitución nos define como una República Representativa y que la oposición representa a poco más del 40 por ciento de los ciudadanos que no votaron por ella. En ese sentido, muy pronto perdió sentido el “gobernaré para todos”.

Sin embargo, el tono de las “mañaneras” ha cambiado para bien. Sheinbaum ha dejado la crítica burda a los que se denominaban “adversarios” y el discurso de odio polarizador pasó a un segundo plano. El carácter informativo y menos ideológico del nuevo discurso es una señal positiva, aunque falta tiempo para recuperar la fortaleza y credibilidad de la palabra presidencial que tanto se dañó en el gobierno anterior. Después de un mes de gobierno, las cosas siguen acomodándose, pero esta señal es positiva.

Quizá el sello del primer mes ha sido la celeridad y el desaseo con el que se procesan las nuevas decisiones en el Congreso de la Unión. La forma como se obtuvo la mayoría calificada en ambas cámaras generó una polémica que no legitima ni otorga credibilidad. Con todo, el control del Congreso le otorga a la Presidenta Sheinbaum una fortaleza no vista desde la época de la hegemonía priista. Resulta lamentable que dicho poder se haya traducido en propuestas y decisiones al vapor que no resuelven integralmente los problemas en temas que requerirían de mayor reflexión para su correcta aplicación y que, al contrario, generan confusión para aplicar las reformas constitucionales. El caso de las elecciones en el Poder Judicial es emblemático, en particular con las reglas que se le impusieron al Instituto Nacional Electoral (INE), que no encuentra aún la forma de definir las boletas, los mecanismos de cómputo y la definición de los recursos con los que organizará la elección.

También durante octubre fue evidente que, a pesar de su discurso, existe en el gobierno una preocupación del efecto que puede tener la reforma judicial en las inversiones y en la confianza en México con un Estado de derecho sólido. De ahí las reuniones y mensajes a los representantes de la iniciativa privada y empresarios internacionales. Por otro lado, la Presidenta mostró su fortaleza ante el Congreso y su partido, cuando se incluyó en las leyes un contenido que le disgustó sobre el posible veto a candidaturas a magistraturas o jueces. Bastó una declaración para que las dos cámaras hicieran la corrección pedida. Ese es el sello de la casa de la llamada Cuarta Transformación, que a la postre se convierte, con la mayoría calificada, en una versión renovada de presidencialismo.

También durante el primer mes de gobierno surgió, fuera de consultas o debates previos, un golpe severo a la autonomía y a la colegialidad en el funcionamiento del INE. Una de las fortalezas del Instituto Federal Electoral (IFE) y después del INE era el carácter colegiado de las decisiones que se toman para gobernar a la institución y organizar las elecciones. Sin más, se modificó la ley para otorgar a la Presidencia del INE la atribución de nombrar, unipersonalmente, a los directores ejecutivos, que son los funcionarios en quienes directamente descansa la operación y organización de las elecciones. Con ello se centralizan las decisiones y la institución camina a recobrar la estructura que tenía en 1990, cuando el Secretario de Gobernación era el Presidente del Consejo General. La Presidenta Sheinbaum dejó pasar esa reforma y con ello manda una pésima señal de lo que le espera a nuestra democracia y a la legislación electoral. Así transcurrió un primer mes de gobierno, pero habrá que darle tiempo a la evaluación.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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