A estas alturas del proceso electoral, el foco empieza a caer en las candidaturas. De hecho, hemos vivido una forma suigéneris de campaña a través de las precampañas, y falta poco para que el 1 de marzo inicien las campañas formales. Mientras tanto, febrero se caracterizará por la llamada etapa de intercampañas, periodo entre el final de los procesos internos partidistas para formalizar sus candidaturas y su registro ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El periodo de intercampañas siempre ha generado polémica sobre lo que sí se puede hacer y lo que no. Aun cuando ya se conocen los nombres de las candidaturas presidenciales de cada partido o coalición, en este periodo deben cuidarse mucho de no realizar ningún tipo de acto que pudiera considerarse como campaña, pues se incurriría en los famosos “actos anticipados” que podrían ser severamente sancionados por el INE. Sin embargo, prevalecen los tiempos oficiales en radio y televisión en los que los partidos pueden hacer propaganda “genérica”, sin mencionar a sus candidatos o sus propuestas y proyectos. Seguramente veremos críticas y quejas ante el INE de unos contra otros reclamando inequidad en la contienda.

Para el INE, febrero será, además, un mes de fiscalización. Durante este tiempo, la Unidad de Fiscalización del INE estará analizando el origen y destino de los recursos que utilizaron los precandidatos, aunque fueran “únicos” en cada coalición. El tiempo de revisión será muy breve y para finales de febrero, el Consejo General tendrá que aprobar los dictámenes correspondientes y emitir las resoluciones con las sanciones a las que haya lugar. Este tipo de tareas siempre generan una gran polémica en el Consejo General del INE, pues los partidos defienden a toda costa la legalidad de sus ingresos y gastos, al tiempo que acusan al contrario de haber violado la ley.

Por lo demás, continuarán las actividades preparatorias de la elección. Durante febrero, el INE tomará las decisiones fundamentales para designar a los mexicanos que serán responsables de recibir la votación en las más de 170 mil mesas directivas de casilla que se instalarán en todo el país, el próximo 2 de junio. Es una tarea relativamente sencilla que se realiza en cada distrito para sortear a quienes habrá que capacitar. Las computadoras y el Registro Federal de Electores hacen la mayor parte del trabajo, pero la certeza de los procedimientos y la transparencia de cada etapa (siempre vigilada por los partidos políticos) corresponde a los miembros del Servicio Profesional Electoral del INE, que tiene la experiencia probada para realizar estas tareas, junto con las actividades de organización que garantizarán la impresión y distribución de las boletas, entre otras múltiples actividades.

Conviene recordar estos procesos, porque el debate público ha puesto en duda la capacidad del INE para realizar una buena organización de las elecciones, dado los recortes presupuestales y los conflictos al interior del nuevo Consejo General. Más allá de las evidentes diferencias, los consejeros tienen razón cuando afirman que el proceso electoral está en marcha y va bien. La institución tiene una buena historia y mucha experiencia en sus personas. Con todo, más allá del profesionalismo con el que se organice el proceso, la credibilidad y la confianza en los resultados sí dependen de la certeza que proyecte el máximo órgano de dirección y en especial su Presidenta. A estas alturas del proceso electoral, no se trata de ganar más o menos posiciones en la estructura del INE, sino de unificar estrategias y posiciones para mantener la fortaleza institucional a través del diálogo y la construcción de acuerdos. Esa será la fortaleza del INE ante los actores políticos que cuestionen su integridad.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)